El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha señalado que los ayuntamientos que en estos momentos promueven medidas excepcionales contra los desahucios, como por ejemplo la prohibición de que la Policía Local colabore en los lanzamientos, ejercen sencilla y "exclusivamente" su "autonomía municipal".

En el marco de una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha evaluado el drama de los desahucios, que en los últimos meses ha cobrado especial protagonismo en el desolador escenario que atraviesan la sociedad sevillana, andaluza y española. Y es que, según los datos que obran en poder del presidente de la Diputación, la provincia de Sevilla ha registrado "más de 13.000 desahucios" desde que en 2008 comenzase el desplome de la economía.

Los desahucios y el paro

Rodríguez Villalobos ha conectado los desahucios directamente con el insoportable crecimiento del desempleo, pues la provincia de Sevilla, por ejemplo, arrojaba una tasa de paro de casi el 28 por ciento el pasado mes de diciembre con 254.855 parados contabilizados. "Tenemos a familias que, de buena fe, quieren pagar sus hipotecas pero que por motivos de peso como la pérdida del empleo, no pueden hacer frente a sus cuotas. Mientras, la banca está siendo rescatada pese a haber hecho mal sus deberes", ha señalado el presidente de la Diputación sobre los desahucios que sufren las familias frente a la nacionalización de los bancos quebrados.

En ese sentido, ha avisado de la "responsabilidad política" del Gobierno central del popular Mariano Rajoy al "insuflar" dinero a los bancos y "legislar a su favor" con normativas como la Ley 22012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones a anticipar el pago de sus deudas bancarias, o el real decreto Ley 4/2012, que conduce a las administraciones a saldar sus deudas con los proveedores a través de operaciones de préstamo a intereses superiores al cinco por ciento.

Una "nueva ley"

En este escenario, Rodríguez Villalobos ha defendido "la paralización de los desahucios hasta que haya una nueva ley que contemple la dación en pago, que establezca procedimientos que favorezcan acuerdos entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder al desahucio, que extienda los plazos antes del desahucio cuando el principal proveedor de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo y que suprima las prácticas abusivas". "Se trata de apostar por una ley de segunda oportunidad", ha resumido.

Finalmente, Rodríguez Villalobos ha evaluado las decisiones adoptadas por ayuntamientos como los de Cazalla de la Sierra o El Coronil a la hora de prohibir que sus agentes de Policía Local colaboren en los desahucios, aspecto que ha suscitado un debate sobre las armas que las administraciones tienen a su alcance para combatir estas situaciones.

La "autonomía municipal"

"Cuando un alcalde u otro mandata a su Policía Local para que no participe en desahucios, es algo de exclusiva autonomía municipal", ha zanjado el presidente de la Diputación, quien recuerda que su institución ha promovido para los alcaldes, concejales y técnicos municipales una jornada formativa en materia de desahucios y una "ventanilla electrónica" para prestar asesoramiento en estos casos.