El TSJC ordena a la Generalitat adaptar la educación también en castellano para seis alumnos

  • Los estudiantes cursan infantil, primaria y secundaria.
  • El tribunal pide que se dé ese trato a los alumnos de forma cautelar.
  • Esto no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión planteada en el recurso.
  • La Generalitat recurrirá las medidas cautelares al entender que no tienen ningún sentido ni hay riesgo para los niños.
Una escola.
Una escola.
ARXIU
Una escola.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al departamento de Enseñanza de la Generalitat catalana que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.

En seis autos distintos, que se han notificado este viernes, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza para que dé, de forma cautelar, este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la consellería que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.

En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la consellería para que, de forma cautelar, adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo de los recurrentes, a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán.

En un comunicado de prensa, el TSJC ha aclarado que los autos notificados este viernes no suponen "en absoluto" la segregación de los alumnos por razón de lengua.

Esta misma sección del TSJC fue la que, en 2011, en relación con el recurso presentado por otras tres familias, dictó un auto en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat.

La sección quinta también reconoció en mayo de 2012 el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una "grieta" del sistema educativo catalán.

En los seis autos, la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJC advierte que, pese a que da la razón a los padres a la hora de fijar la medida cautelar, ello no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso.

Los seis autos notificados cuentan con un voto particular en contra por parte de uno de los tres magistrados de la sala, que estima que la decisión adoptada va "más allá" del contenido propio de una medida cautelar y comporta "una suerte de ejecución anticipada de una hipotética sentencia estimatoria" del recurso presentado por los padres.

"Es por ello que, en mi opinión, no era procedente en este momento procesal la adopción de la medida solicitada por la parte actora", subraya el magistrado Alberto Andrés en su voto particular.

La Generalitat recurrirá

La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha anunciado este viernes que la Generalitat recurrirá las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para garantizar la educación en castellano de seis alumnos, al entender que no tienen ningún sentido ni hay riesgo para los niños.

En declaraciones a los periodistas, Rigau ha anunciado que recurrirán esta resolución ante el propio TSJC, ya que entiende que no tiene "ningún sentido" aplicar las medidas cautelares porque no existe "ningún riesgo ni peligro" de que los alumnos que cursan en Cataluña no acaben dominando el catalán y el castellano al finalizar sus estudios.

Rigau, que ha recordado que la Ley de Enseñanza de Cataluña (LEC) ya prevé la atención individualizada para los alumnos de P-3, P-4 y P-5 cuyos padres reclamen su escolarización en castellano, ha destacado que los autos notificados cuentan con un voto particular de uno de los magistrados que remarca que la decisión adoptada "va más allá" del contenido propio de una medida cautelar.

Rigau ha destacado que en los autos se limitan las medidas cautelares a los seis alumnos, y no al conjunto de la clase en la que estudian como reclamaban los padres, aunque no obstante ha insistido en apuntar que aplicar estas medidas antes de que haya sentencia "no tiene ningún sentido" porque no hay riesgo de producir "daños irreparables" en los alumnos.

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