Castilla y León ejecutó al cien por cien los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente a 2010, que ascendió a un total de 66,4 millones de euros, un 20,88 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

Así se recoge en el informe sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) durante 2010, aprobado en su última sesión plenaria e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012 y que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha entregado este miércoles en las Cortes.

El Consejo de Cuentas ha comprobado que los gastos correspondientes a la muestra seleccionada (47 proyectos de los 160 certificados) se ajustan a los criterios de elegibilidad, así como que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio 2010 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados.

Igualmente, indica que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con el FCI pero no a nivel de superproyectos y, respecto de los derechos reconocidos, el informe explica que su contabilización ha sido adecuada excepto en lo referente a 3,7 millones de euros que estaban pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2010 y que deberían haberse reflejado dos en 2011.

De igual forma, deberían haberse reconocido en 2010 derechos por importe de casi un millón de euros que fueron indebidamente imputados al ejercicio 2009.

El Consejo señala en el apartado de conclusiones que se mantiene la mayoría de las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, aunque se ha mejorado respecto del control de la elegibilidad de los proyectos de inversión a financiar.

Las tres alegaciones formuladas al informe por la Intervención General de la Administración de la Comunidad han sido objeto de análisis pormenorizado, habiéndose emitido sobre las mismas informe motivado que ha servido de base para su desestimación.

El informe

Los objetivos del informe sobre el FCI, fiscalización a realizar por mandato legal, según ha recalcado el Consejo de Cuentas en una información recogida por Europa Press, son la verificación del grado de ejecución de los proyectos y su adecuada contabilización "así como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados".

El FCI, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2001 de 27 de diciembre, se destina a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza.

La misma norma legal establece que el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas presentarán ante los órganos legislativos respectivos un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al FCI.

Las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias y Castilla y León, con unos porcentajes negativos del 25,82, 21,50 y 20,88 por ciento, respectivamente, fueron las que experimentaron mayor reducción en sus dotaciones respecto a las del ejercicio 2009, siendo la disminución media para el conjunto de las autonomías del 9,46 por ciento.

El porcentaje de participación de Castilla y León sobre el total del FCI fue del 5,42 por ciento, siendo la que mayor bajada registró con 0,78 puntos porcentuales menos respecto a 2009.

La evolución del FCI en Castilla y León durante los ejercicios 2003 a 2010 refleja una disminución global del 2,6 por ciento; entre 2003 y 2008 el importe asignado fue incrementándose, pasando de los 68,2 millones de euros en 2003 a los 85 millones en 2008, lo que representa un incremento del 24,76 por ciento.

A partir de 2009 la tendencia se invierte y las asignaciones van disminuyendo, con una reducción del 1,36 por ciento en 2009 y del 20,88 por ciento en 2010.