La secretaria de Infraestructuras y Movilidad del PSRM, María José Lajarín, puso de manifiesto que, en materia de transporte público, "los Gobiernos de Valcárcel y Cámara, andan desaparecidos y con miedo a dar la cara, pues está quedando muy claro que les importa más el beneficio de los gestores de Latbus que el de los ciudadanos".

Lajarín denunció que Valcárcel "está consintiendo que sea una empresa privada, Latbus, la interlocutora ante los ciudadanos de un servicio público", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

"El presidente debería incluir al director adjunto de Lat-Bus en su Gobierno, como portavoz", ironizó, "pues ha llegado un momento en que toda la información de lo que se debe o no se debe hacer en las concesiones de transporte público, de las incidencias, de cómo se aplican las tarifas, etc. nos llega siempre a través de esta empresa privada"

Asimismo, criticó que los gestores de Latbus "se atrevan a dar clases de moralidad a los demás y pretendan aparecer como máximos defensores del interés público, cuando anuncian, entre otras cosas, el despido de 25 trabajadores por presuntos incumplimientos en los servicios mínimos y la presunta lesión del derecho a la movilidad de los ciudadanos".

Y es que, para la responsable socialista, la empresa de autobuses "no está en la mejor posición para dar lecciones de ética a nadie, pues salvo que el consejero Sevilla nos diga lo contrario, tiene abierto un expediente sancionador por infracción muy grave de la legislación del transporte terrestre que se incoó cuando ésta decidió unilateralmente incumplir las tarifas".

Latbus no cumple sus obligaciones

Lajarín considera que "no se puede consentir que un concesionario de servicio público no pague a los trabajadores, ni a la Hacienda Pública, ni a la Seguridad Social; que no renueve la flota de autobuses (requisito que fue imprescindible para que le renovaran la concesión), que suba las tarifas y pongan y quite bonos cuando les interesa, y como premio, va Valcárcel y les amplía el plazo de cumplimiento dos años más".

"Pero, como se ve que a nuestro presidente no le parece suficiente, va y hace algo todavía mucho más serio. Cuando la Administración no permite a ninguna empresa contratar con ella si tiene deudas pendientes con las arcas públicas, el Gobierno, a través del PP en la Asamblea Regional, y bordeando el procedimiento para saltarse los controles jurídicos, cambia la Ley de Subvenciones para permitirle a Latbus no pagar, pero sí poder seguir cobrando subvenciones", señaló Lajarín.

En su opinión, "sería muy interesante conocer la opinión de las organizaciones empresariales sobre esta discriminación legal a favor de Latbus, cuando a cualquier contratista se le exige estar al corriente de sus obligaciones, por muy mal que esté económicamente".

"A estas alturas, Valcárcel debería explicarnos a todos los ciudadanos qué es lo que pasa con esta empresa que la hace más especial que las demás", finalizó.