El Grupo Popular en el Parlamento andaluz estudia el mecanismo adecuado para exigir "responsabilidades" en la Cámara autonómica al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por "mentir" en su comparecencia, el pasado 25 de septiembre, en la comisión de investigación creada en el hemiciclo andaluz sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, al entender que "faltó a la verdad" cuando sostuvo "una y otra vez" que "el procedimiento utilizado para la concesión de las ayudas era absolutamente legal", pese a que "sabía a conciencia que no era así", y que "lo que decía no era verdad".

Así lo ha adelantado este sábado en una rueda de prensa en Sevilla el coordinador de Economía y Hacienda del PP andaluz, Rafael Carmona, quien no ha concretado el mecanismo que podría utilizar su partido para lograr ese objetivo, ya que es algo que, según ha apuntado, estudian actualmente los servicios jurídicos del Grupo parlamentario Popular.

En todo caso, Carmona ha recordado que los comparecientes en la comisión de los ERE "estaban obligados a decir la verdad", como se les indicaba al inicio de sus intervenciones, de forma que, según ha agregado, "en virtud de la normativa que regula estas comisiones, existe la posibilidad de demandar a quienes incumpliesen esa obligación".

Según el coordinador de Economía de los 'populares' andaluces, la prueba de que el procedimiento de concesión de las referidas ayudas sociolaborales "no era legal" está en el hecho de que "justo a la vez que Griñán comparecía, los servicios administrativos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía estaban dictando resoluciones por las que declaraba nulos de pleno derecho los acuerdos por los que se concedían esas ayudas, porque no se habían ajustado a ningún procedimiento".

Al haber "servido para demostrar que Griñán mintió", la comisión de investigación, ya cerrada, ha resultado "bastante ilustrativa", en opinión de Carmona, y ello a pesar de la labor del Grupo Socialista, que, a su juicio, estuvo dirigida a que la comisión "no tuviera conclusiones, terminase rápido y veloz y los ciudadanos andaluces no conocieran el fondo" de uno de los asuntos de "corrupción" de los que, a su juicio, "ha intentado zafarse" el presidente andaluz durante el presente año 2012, junto a otros como "el caso Invercaria o el fraude del Plan Bahía Competitiva".

"importante parón" en la investigación judicial

Por otro lado, el responsable de Economía y Hacienda del PP-A ha expresado la "preocupación" de su partido por la enfermedad de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de investigar este caso, que se encuentra de baja desde el pasado día 12 de septiembre, al considerar que esa situación ha provocado "un parón importante" en la investigación judicial del caso.

Por ello, Carmona ha deseado una "pronta recuperación" de la magistrada para que, "dentro de menos de un mes" —la fecha prevista para el fin de su última baja solicitada es el 17 de enero—, "se sitúe de nuevo al frente de la investigación".

Mientras tanto, el representante 'popular' espera que la juez de adscripción territorial que ha nombrado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para sustituir al juez de refuerzo que fue nombrado en su día para afrontar la baja de Alaya, "tome decisiones adecuadas".

Y es que, para Carmona, "lo peor" es que, ante "casos tremendos de fraude, pase el tiempo sin que la Justicia haga justicia", ya que "se debe conocer a los responsables en un periodo de tiempo razonable".

No obstante, el coordinador de Economía y Hacienda de los 'populares' andaluces ha matizado que "la instrucción es muy amplia, abarca muchos aspectos y hay muchas personas implicadas", así como que el trabajo judicial debe realizarse "con rigor y ajustado al procedimiento legal establecido". "Tampoco nos gustaría que se dieran pasos equivocados", ha concluido Carmona.