El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes una modificación parcial del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, vigente desde 2008, con el objetivo de "garantizar el mantenimiento de este servicio y agilizar y regularizar los pagos a los abogados y procuradores encargados de su prestación".

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien ha puesto el énfasis en que esta medida va a permitir fijar en un máximo del cinco por ciento la cantidad que la Administración autonómica asume en los gastos de funcionamiento de los colegios de abogados y procuradores para hacer efectivo el servicio.

Esto supondrá un "ahorro cercano a los dos millones de euros en 2013" y permitirá asumir el crecimiento del número de asistencias y de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, que en 2011 se cifraba ya en 330.000 personas.

Además, con la intención de agilizar las compensaciones económicas a los profesionales y mejorar las garantías en los procedimientos de justificación, la modificación de la normativa establece un sistema de pagos regulares y trimestrales, frente a la actual fórmula de abonar en dos plazos anuales (un 75% al principio de cada ejercicio y el 25% restante antes de que finalice). Este sistema trimestral también se aplicará en las justificaciones y pagos para los turnos de guardia y gastos de funcionamiento de los colegios.

Todas las certificaciones para justificar los servicios prestados deberán aportarse a la Consejería a través de los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores dentro del mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre, de manera que la Administración andaluza pueda verificar y agilizar los abonos.

La reforma del reglamento incluye, por último, una reducción de diez a seis en el número de personas integrantes de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que son los órganos de ámbito provincial encargados de resolver quiénes son los beneficiarios del servicio. Además, se suprimen las compensaciones económicas por asistencia a las reuniones.

Desde 1997, año en que recibió las competencias en la materia, la Administración autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos. Asimismo, la Junta ha introducido mejoras de calidad y especialización a través de turnos de oficio específicos en áreas de interés social relacionadas con colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

El presupuesto autonómico para este servicio, que incluye turnos de oficio de defensa gratuita y asistencias al detenido en las guardias, se ha multiplicado por diez: de los 4,7 millones de euros de 1997 a los 44 del actual ejercicio, partida que se mantendrá en las cuentas andaluzas para 2013. Esta partida supera en diez millones la que destina el Ministerio de Justicia al mismo fin para cinco comunidades autónomas.