La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta ha negado este viernes haber recibido notificación de ninguna autoridad estatal, ni del Ministerio de Economía, ni del Instituto Nacional de Consumo para establecer un mecanismo de colaboración que permita solucionar los conflictos en materia de preferentes a través del arbitraje de consumo.

Según recuerda Consumo en una nota, el pasado 18 de diciembre el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en el Congreso la intención del Gobierno de articular un procedimiento de arbitraje para los tenedores de preferentes y deuda subordinada de Bankia. Dicho arbitraje, según explicó el ministro entonces, se aplicaría en los casos "más flagrantes" en los que pueda haber habido "mala praxis" en la comercialización. En este sentido, De Guindos formalizó que operará mediante la colaboración de las autoridades de consumo autonómicas, que resolverán sobre la propuesta final de arbitraje, aunque previamente un asesor privado "filtra" en cada entidad los supuestos que evidencian una clara mala praxis en la venta.

Pese a ello, la Junta niega haber recibido "ninguna propuesta de colaboración hasta la fecha". Por ello, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, cuestiona "la imposición del asesor privado" y añade que "en Andalucía el arbitraje se llevará a cabo en la institución pública, con el funcionariado y la mediación a través de la colaboración de la Fundación Pública Mediara".

La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía asegura que viene trabajando desde que surgió el conflicto relacionado con la comercialización de participaciones preferentes en encontrar vías de solución al mismo y la propia Muñoz recalca que "se ha desarrollado una intensa labor de información a la ciudadanía, se han tramitado más de cuatrocientas Hojas de Quejas y Reclamaciones, se está colaborando con la Fiscalía Superior de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, se han incoado expedientes sancionadores a entidades financieras y se está recibiendo asesoramiento de la Fundación Pública Mediara para la Mediación y el Arbitraje".

Al objeto de iniciar las vías de la mediación y arbitraje de consumo, la Junta ha dirigido escritos a todas las entidades financieras reclamadas para emplazarlas a resolver las controversias a través de estas dos vías extrajudiciales ."Dichos mecanismos podrían dar respuestas ágiles a una ciudadanía cansada y tremendamente perjudicada. Concretamente, en materia de arbitraje, la Junta de Andalucía cuenta con la Junta Arbitral Autonómica de dilatada trayectoria y con árbitros especialistas en la materia", destaca Muñoz.

En cualquier caso, desde la Junta se recuerda que "tanto el arbitraje como la mediación de consumo son procedimientos a los que ha de someterse voluntariamente la entidad financiera para resolver la controversia". De ahí que el Gobierno andaluz lo que busca precisamente "es lograr la aceptación de las entidades afectadas".

Entidades intervenidas

Consumo ha advertido, además, de que en el caso de entidades financieras intervenidas (como Bankia), es necesario "matizar la eficacia del arbitraje de consumo". "De no hacerlo se pueden generar falsas expectativas en los consumidores", recalca.

En efecto, el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de rees-tructuración y resolución de entidades de crédito, prohíbe a los consumidores adquirentes de preferentes reclamar cualquier cantidad con base en un incumplimiento del contrato si éste ha sido modificado a consecuencia de la intervención. Tampoco podrán reclamar cantidades por los daños que sufran consecuencia de la intervención (por ejemplo, por canje por otro tipo de producto). De la misma manera, la intervención no permitirá que el dinero invertido en participaciones preferentes pueda ser devuelto a un valor superior al de mercado (y recordemos que el valor actual de mercado es muy inferior al nominal).

Para más información, se puede consultar la página web 'www.consumoresponde.es', donde hay contenidos informativos sobre el arbitraje de preferentes y los derechos de las personas consumidoras y usuarias.