Un día después de que los egipcios dieran su visto bueno en referéndum a la nueva constitución, redactada por la mayoría islamista, la Cámara Alta del Parlamento o Consejo de la Shura inicia un nuevo curso legislativo.

El Consejo tendrá autoridad legislativa durante los próximos meses, hasta que se configure la Cámara Baja del Parlamento tras unas elecciones que requerían de la aprobación previa de la Carta Magna; en estos momentos, la Cámara Baja está suspendida. Establecido en 1980 por el fallecido presidente Anwar El-Sadat, sirve como órgano de consultas pero disfrutará de un relativo margen de maniobra.

La Cámara baja fue disuelta a mediados de junio pasado por la Junta Militar, que gobernó el país desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak hasta la elección de Mursi, tras un fallo del Tribunal Constitucional que consideró que los partidos no respetaron la ley electoral al presentar candidatos a listas reservadas a independientes. Desde su disolución, fue la Junta Militar, primero, y Mursi, después, quienes han ejercido el poder legislativo.

Los 90 miembros de la Shura designados por el presidente, Mohamed Morsi, (de un total de 270) realizan este miércoles el juramento constitucional, entre ellos, el presidente del Consejo y pariente del propio Mursi, Ahmed Fahmi.

Entre los participantes se encuentra el primer ministro, Hisham Qandil, del que se rumorea que podría verse obligado a dimitir en próximas fechas para dar paso a un nuevo Gabinete liderado por Jairat El Shater, miembro de los Hermanos Musulmanes, la organización islámica más importante del país y raíz del partido Libertad y Justicia, del presidente Morsi, según recoge el diario egipcio 'Al Ahram'.

Los analistas han declarado su resquemor ante la profusión de elementos afines a Morsi entre los 90 representantes de la Shura elegidos por el presidente, entre los que se encuentran miembros de los Hermanos Musulmanes y de los dos principales partidos salafistas: Nour y Gamaa Islamiya. Del total de los designados por el presidente, al menos 42 tienen orientación islamista, según las estimaciones del diario.

Precisamente, el presidente Morsi ha hecho este miércoles un nuevo llamamiento a la oposición para que participe en un diálogo nacional, que por el momento las fuerzas no islamistas han boicoteado. Asimismo, ha anunciado una remodelación del Gobierno.

"La polémica sobre la Constitución es normal en un país que se está dirigiendo hacia la democracia, y estas discrepancias de opinión son un fenómeno sano", dijo en un discurso televisado con motivo de la aprobación de la nueva Carta Magna, que, afirmó, limita los poderes del jefe Estado

El presidente ha asegurado que la nueva Constitución defiende la libertad de expresión, a pesar de las críticas de la oposición por el supuesto autoritarismo implícito en la nueva Carta Magna y la inclusión de la 'sharía' como fuente del derecho.

Morsi ha firmado el decreto que pone en vigor la nueva Carta y ha anunciado una remodelación del actual Gobierno, encabezado por Hisham Qandil. "El gobierno actual está desempeñando su papel en medio de circunstancias difíciles y he mantenido consultas con Qandil para llevar a cabo reformas ministeriales", dijo, aunque no precisó cuándo se efectuarán estos cambios.

En su alocución, reconoció que la etapa pasada estuvo marcada por algunos errores de todas las partes y asumió la responsabilidad de ello. "He insistido en que Egipto tenga una Constitución para recuperar la estabilidad y por eso he tomado muchas decisiones difíciles", subrayó. Sobre la Carta Magna, afirmó que limita los poderes del jefe del Estado: "Hace del presidente un servidor del pueblo y no un gobernante tirano", añadió.

En su opinión, el texto refleja el espíritu de la Revolución del 25 de Enero de 2011 con su rechazo a la discriminación y su respeto a las libertades, entre ellas la de opinión. "No quiero el poder ni me interesa controlarlo todo porque el poder es del pueblo egipcio", apostilló, en alusión a los que critican que el presidente y los Hermanos Musulmanes buscan dominar todos los resortes del poder.

Por otro lado, la principal asociación de jueces del Consejo de Estado egipcio —órgano de la justicia administrativa— ha pedido al fiscal general, Talaat Ibrahim, que abandone su cargo "por el bien" de la Fiscalía General y la magistratura.

Tras una reunión con varios grupos de magistrados, esta asociación instó a Ibrahim a que vuelva a ser solamente juez, después de haber sido nombrado fiscal general de forma directa por el presidente egipcio, Mohamed Mursi.

Según la agencia estatal de noticias, Mena, entre los presentes en esta reunión figuraba el presidente del Club de Jueces, la mayor asociación de magistrados del país, Ahmed al Zind, gran detractor de las últimas medidas adoptadas por Mursi.

Una de estas decisiones fue la declaración constitucional del pasado 22 de noviembre —posteriormente anulada—, que designó a Ibrahim en el cargo, cuando el nombramiento del fiscal general se trataba de una prerrogativa reservada hasta el momento al poder judicial.

Debido a las protestas en su contra, el pasado 17 de diciembre Ibrahim presentó su dimisión, pero tres días después se retractó y alegó que tomó la decisión "bajo presión". Además, el Consejo de Estado y el Club de Jueces pidieron a todos los fiscales y magistrados del país que están en huelga que pongan fin a esta medida de presión por el bien del país.

El pasado 24 de noviembre, la asamblea general del Club de Jueces decidió suspender el trabajo en todos los tribunales y fiscalías del país en protesta por el decreto de Mursi. En el marco de esta crisis entre la magistratura y la Presidencia, el Club de Jueces decidió no supervisar el referéndum constitucional, un boicot al que se sumó la asociación del Consejo de Estado durante la segunda fase del plebiscito.