La Asociación por la Transparencia Política y Administrativa de Murcia ('Atrapa') y un grupo de estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) han anunciado que presentarán dos reclamaciones administrativas para pedir el cese de José Antonio Cobacho como rector de la UMU y como miembro del Consejo Jurídico de la Región por "violar" de una manera "flagrante" la legislación en materia de incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos.

En concreto, estos colectivos critican que es "incompatible" desde el punto de vista "moral y jurídico" ostentar al mismo tiempo los cargos de rector de la UMU, de miembro del Consejo Jurídico de la Región y consejero de Cajamurcia, lo que defienden amparándose en la Ley 5/94 de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política y la Ley 2/97 de 19 de mayo que regula el Consejo Jurídico.

Estas reclamaciones serán presentadas esta misma semana por Atrapa y un grupo de estudiantes reunidos en la denominada 'Asamblea UMU' al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y buscan la apertura de sendos procedimientos administrativos. En caso de no recibir contestación en el plazo de tres meses por parte de la Comunidad Autónoma, los denunciantes acudirán al Tribunal Superior de Justicia, donde presentarán un recurso contencioso-adminsitrativo.

Así lo ha hecho saber el abogado y portavoz de la plataforma 'Atrapa', José Mateos Martínez, quien ha recordado que Cobacho "es consejero de Cajamurcia desde 2008, y es miembro del Consejo Jurídico de la Región desde 2009, mientras que fue nombrado rector por segunda vez en 2010".

En este sentido, puntualiza que Cajamurcia se ha integrado en el Banco Mare Nostrum (BMN), pero sigue teniendo "personalidad jurídica propia como caja de ahorros" y su Consejo Directivo "sigue existiendo".

Martínez ha precisado que el ejercicio de todos estos cargos "es radicalmente incompatibles entre sí", y lo justifica, en primer lugar, por una cuestión moral, porque representan "una gravísima confusión de intereses".

En su opinión, ocupar estos cargos supone estar "en un banco que tiene relaciones con la Universidad de Murcia, así como estar en un Consejo Jurídico para el que hace falta una independencia radical". También considera que "no se puede ser rector mientras estás disfrutando de otro cargo nombrado por la Comunidad Autónoma y de otro cargo que depende de un banco que tiene intereses en esa universidad".

A su juicio, no se puede estar "en el Consejo Jurídico de la Región y tener intereses directos en un banco y en una universidad, porque cuando tengas que hacer un dictamen en el que se pongan en cuestión o entren en juego los intereses de esa entidad financiera, no vas a ser objetivo".

"Salta a la vista que, como dice la Biblia, no se puede servir a dos amos: a Dios y al dinero", apunta Martínez, quien lamenta que, en este caso, Cobacho está sirviendo "al banco y a la Comunidad Autónoma", porque a la UMU "no le sirve en absoluto, desde luego", ha criticado.

"incompatibilidad" desde el punto de vista judicial

Desde el punto de vista judicial, Martínez ha criticado que Cobacho está violando la Ley 5/94 de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política, que califica como altos cargos en su artículo 2.1 E "a los presidentes, directores y asimilados de los organismos públicos regionales".

En este sentido, asevera que la Universidad de Muria "es un organismo público regional, dependiente de la Comunidad Autónoma y creado por ésta en virtud de sus competencias, es decir, del artículo 16 del Estatuto de Autonomía". Por ello, critica que la "máxima autoridad unipersonal" de la UMU "es un alto cargo a todas luces".

Pues bien, Mateos precisa que esta misma Ley "dice en su artículo 10.1 que el ejercicio de un alto cargo es incompatible, en particular, con las actividades privadas siguientes: el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargo de todo orden, funciones de dirección o representación, así como asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolio, o con participación o ayuda del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas".

Mateo critica que el rector de la UMU "es consejero de Cajamurcia" que, "sin ir más lejos y hasta hace muy poco, ha estado disfrutando de una serie de beneficios económicos derivados de su relación con la UMU", citando como ejemplo los "numerosos" convenios firmados entre ambas entidades.

Asimismo, como ejemplo de esta relación, ha recordado que las tarjetas inteligentes que utilizan los estudiantes para acceder a las bibliotecas o hacer uso de los ordenadores tienen adscrita una cuenta corriente para poder utilizarla como tarjeta de crédito y que "era de Cajamurcia".

Por lo tanto, reprocha que el rector ocupa un cargo "en la mercantil, que es un banco que tiene una relación muy íntima con la Comunidad Autónoma y con la UMU". Por tanto, asevera que Cobacho está "violando la Ley de incompatibilidades de una forma flagrante".

En este sentido, acusa a Cobacho de tener "intereses contrapuestos" en una mercantil que, "evidentemente, quiere tener de su lado al rector de la UMU para poder hacer negocios interesantes en la institución docente".

La Ley establece que la condición de alto cargo "también es incompatible con el ejercicio por sí o por persona interpuesta de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades mercantiles y civiles, así como consorcios de fin lucrativo, aunque unos y otros no realicen fines y servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones".

Esto quiere decir, según Martínez, que aunque Cajamurcia no tuviera ninguna relación, ningún contrato ni ningún convenio con la UMU o con la Comunidad Autónoma, el rector "seguiría incurriendo en incompatibilidad al ser consejero de la entidad financiera".

Por último, Mateos remarca que la Ley establece que "es incompatible la condición de alto cargo con la realización de estudios, informes, memorias, investigaciones, creaciones literarias o artísticas cuando sean retribuidas con cargo a fondos de las administraciones públicas o de organismos y entidades dependientes de ellos".

El portavoz de 'Atrapa' ha explicado que esto significa que un rector "no puede ser miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, porque estos miembros "obtienen entre 1.000 y 2.000 euros mensuales por los dictámenes que realizan".

Incompatibilidades con el

Cargo en el consejo jurídico

Asimismo, ha añadido que el Consejo Jurídico está regulado por la Ley 2/97 de 19 de mayo, en cuyo artículo 7.3 dice que el cargo de consejero "es incompatible con todo mandato representativo, con el desempeño de altos cargos en cualquier administración, con el desempeño de cualquier puesto funcionarial o laboral al servicio de las administraciones públicas o entidades de ellas dependientes".

"No se puede ser miembro del Consejo Jurídico, que realiza dictámenes con una relevancia fundamental de cara a los intereses de los ciudadanos, cuando se tienen intereses directos en una empresa de la que uno es consejero y en una universidad", reprocha.

Martínez considera "sumamente grave" que estas "incmpatibilidades" que se retrotraen a 2008, "hayan tenido que ser denunciadas ahora por una asociación contra la corrupción y por un colectivo de estudiantes", mientras que partidos políticos y sindicatos que "teóricamente tienen que velar por el interés general, no se han dado cuenta de la situación".

A su juicio, es "imposible que nadie se haya dado cuenta de que Cobacho incuuría en estas incompatibilidades", y máxime "teniendo en cuenta la actitud del rectyor, que está permitiendo a la Comunidad que hunda a la UMU", dando "palmaditas en la espalda a Valcárcel".