El presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Ernesto Gómez, ha remitido una carta dirigida al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la que le solicita que se otorgue al Pleno del Consejo Escolar del Estado y a la Junta de Participación Autonómica la posibilidad de realizar nuevos informes sobre la futura incidencia en el sistema educativo de la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (Lomce) promovida por el Gobierno central.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Gómez justifica esta petición en los "profundos" cambios y novedades, detectados tras analizar el último borrador del anteproyecto, "que no han podido ser debatidos por la comunidad educativa" y que, por tanto, dejarían, en cierto modo, desactualizados los dictámenes realizados en su día sobre el documento inicial.

Ahora, y dado que los cambios encontrados modifican "de manera sustancial" el espíritu de la anterior iniciativa, sobre la que tanto el Pleno del Consejo Escolar estatal como la Junta de Participación Autonómica habían emitido los informes preceptivos correspondientes, el ente requiere, como miembro de ambos órganos, que se recabe un nuevo análisis que recoja las observaciones y sugerencias a las novedades introducidas.

Así, la Presidencia del Consejo Escolar andaluz considera que se permitirá "un debate sereno y en profundidad" entre los miembros de la comunidad educativa presentes antes de que el Consejo de Gobierno acuerde su tramitación como proyecto de ley. De no llevarse a cabo este extremo, "entendemos que los informes emitidos anteriormente serían prácticamente obsoletos y carecerían de la validez que una norma de estas características y trascendencia requiere", culmina.

El Consejo Escolar andaluz, de hecho, ya ofreció sus propias valoraciones, en las que consideraba a la reforma educativa una iniciativa cuya aplicación, en conjunto, no consideran oportuna, entre otras conclusiones, por ver en la misma el germen de un modelo "segregador" con el que pueden quedar afectados "profundamente" tanto el alumnado como el profesorado.

Entre otros aspectos, se incidía en que la Formación Profesional (FP) es "la que sale peor parada", en base al modelo de "vía muerta y subsidiaria" que podría implantarse con el adelanto de elección de itinerarios que se propone para los alumnos; en que los proyectados programas específicos y de cualificación "podrían dejar al alumnado sin opciones reales de título"; en la supresión de referencias a la igualdad al eliminarse Educación para la Ciudadanía; en el "grave" problema que puede suponer la imitación de un modelo de reválida en Secundaria; o en el "peligroso" tratamiento a la escuela diferenciada.