La Plataforma de Empleados Públicos de Canarias, afectados por la propuesta de recorte del 20 por ciento salarial, ha solicitado a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Canarias la retirada de dicha propuesta de recorte y de jornada, planteada a través de una enmienda de los grupos nacionalista y socialista.

Esta propuesta, aseguró la Plataforma en un comunicado, "afecta de forma discriminatoria" a un colectivo de 3.300 empleados públicos de los más de 60.000 trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este es el caso de los laborales temporales, laborales indefinidos por sentencia o resolución administrativa y funcionarios interinos.

Por ello, subrayan que esta petición se hará llegar formalmente a los grupos, acompañada por firmas de apoyo, el próximo miércoles, 26 de diciembre, un día antes de la aprobación del proyecto de presupuestos para 2013.

En este sentido, los afectados consideran que el Gobierno regional y los grupos políticos que lo apoyan tienen una "oportunidad de oro para hacer un gesto navideño" a los afectados, retirando una enmienda que consideran "injusta", ya que "hace recaer, en un contexto de grave crisis económica, todo el peso de los recortes salariales de los empleados públicos en un pequeño colectivo, únicamente en función del tipo de contrato que mantienen con la administración".

Asimismo, insisten en que se trata de una medida que "supondrá graves perjuicios" en las economías familiares, quedando los grupos retributivos "más bajos" en situación de pobreza a pesar de tener trabajo, además de "suponer una merma de la calidad" de los servicios públicos prestados, de ahí que pide la retirada de la Disposición Adicional Quincuagésimo primera-septies (nueva) del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, han recordado que "son viables" otras medidas de reducción de gasto sin afectar a las retribuciones de los trabajadores públicos, reduciendo en contrataciones externas y gastos en proyectos y estudios que podrían realizar los propios trabajadores, y que aún tocando el capítulo 1, "hay otras fórmulas que distribuyen la carga de forma más equitativa, sin hacer recaer todo el esfuerzo económico en un pequeño colectivo de 3.000 personas".