La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un año de cárcel y a ocho de inhabilitación al exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern y exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx Jaume Massot, y a dos años al excelador municipal Jaume Gibert y al propietario de unos terrenos en los que, de forma ilegal por su elevado nivel de protección, fue construido un chalet de nueva planta. Se trata de una nueva sentencia condenatoria en el marco del caso Andratx, cuya complejidad derivó en la apertura de un total de 77 piezas separadas.

El tribunal de la Sección Segunda, en el marco de la pieza 13 de la causa, apunta en concreto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, de falsedad documental y de prevaricación, por cuanto los acusados posibilitaron la ampliación de las ruinas de una casa de aperos en una vivienda, todo ello a través de una licencia ilegal y nula obtenida "con engaño a la Administración" y en favor de la cual informaron tanto Massot como Gibert. La sentencia obliga además al propietario, Gaspar Moner, a demoler lo ilegalmente construido.

De hecho, en el caso de Moner el tribunal se muestra "convencido" de que al decidir iniciar la construcción, "era consciente y tenía que serlo de que dichas obras no se podían realizar y que su ejecución pasaba por acudir a vías ilícitas y, entre ellas, por lograr simular que en la parcela había construida una edificación destinada a vivienda".

Tal y como considera probado la Sala, la finca estaba clasificada como suelo no urbanizable de especial protección, con la categoría de Área Natural de Interés Paisajístico (ARIP), y sobre las ruinas de unos corrales quería el propietario y promotor levantar una vivienda, para lo cual, sabedor del alto nivel de protección del que gozaba la parcela, solicitó una licencia a fin de dar cumplimiento a sus pretensiones.

Para ello, en abril de 1999 convenció a su tía para que solicitase ante el Ayuntamiento una licencia de rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada, pese a que únicamente existían unas ruinas en el terreno, petición que fue acompañada de un proyecto básico inveraz que simulaba la preexistencia de una antigua vivienda en buen estado de conservación y que el objetivo de las obras era reformarla.

Tras ello, Massot informó en favor de la licencia aun sin reunir los requisitos legales para su concesión, tal y como él mismo confesó en el juicio celebrado la pasada semana. Una construcción tras la cual se llevaron a cabo diversas reformas para las cuales se solicitó y obtuvo licencias del mismo modo ilícitas, tal y como resalta la resolución judicial: una de ellas para la 'legalización de la sustitución de la cubierta de la vivienda inicial, cambio de ubicación en la parcela y ampliación de la misma', y otra para la sustitución del cerramiento.

El tribunal pone de relieve en su sentencia varios elementos que corroboran los hechos probados, como es la declaración de uno de los testigos que comparecieron en la vista oral, Alberto V.R., vecino de la zona que manifestó que desde que él vive en el lugar -desde hace unos 30 años- en la parcela no había construido más que una edificación destinada al cuidado del ganado, que se encontraba en estado de semiruina y que servía de almacén o establo y guarda de un tractor agrícola.

Es más, durante su declaración se le intentó hacer memoria sobre lo que ya afirmó en fase de instrucción, cuando comentó que la edificación fue sucesivamente aumentando de volumen en varias épocas hallándose inicialmente en estado de semiruina.

El tribunal pone de relieve la actitud silente del propietario

Asimismo, la sentencia recalca que de haber efectivamente existido sobre la parcela una edificación destinada a vivienda así hubiera figurado en la inscripción registral de la finca, mientras que hace hincapié en la actitud silente del propietario de la finca, al negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones, confrontada con las declaraciones realizadas por el anterior testigo así como por el excelador, lo que "exigía que hubiera dado alguna explicación".

De hecho, sobre este mismo acusado, Gaspar Moner, el tribunal asevera que, aunque no hay duda alguna de que fue su tía quien formalmente actuó como promotora de la obra, a la luz de la prueba practicada quedó evidenciado que "quien de verdad se encargó de la realización de las obras en calidad de promotor" fue el propio acusado.

"En su condición de propietario y promotor de las obras, aparece impensable y contrario al sentido común y lógica de las cosas que, previamente a iniciar la ejecución de las obras y tras contratar a los profesionales que iban a intervenir en su ejecución, no se hubiera cerciorado concienzuda y previamente de la posibilidad de construir y en tal caso tenía forzosamente que saber que, por no existir una edificación destinada a vivienda y haber sido construida sin autorización alguna, no podía realizar obra alguna de reforma y menos aún levantar un chalet unifamiliar de las dimensiones proyectadas", incide la sentencia.