Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas refleja que la situación financiera real a 31 de diciembre de 2010 de los ayuntamientos de Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz) era "más deficitaria" que la que se deducía de sus cuentas y en la mayoría el déficit financiero era mayor en 2010 que en 2009, a pesar de estar en vigor el plan de saneamiento y otros planes específicos de reajuste presupuestario.

Todo ello pese a que en abril de 2009 se había aprobado el primer decreto ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar el pago de deudas pendientes de las entidades locales con empresas y autónomas, que apenas fue aprovechado por uno de cada cinco ayuntamientos con deudas y sólo se usó el cinco por ciento de la línea de avales de 3.000 millones que había ofrecido el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Así se desprende del informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias para el pago de deudas a empresas y proveedores.

El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 5/2009, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, motivado por la situación de insolvencia en la que se encontraban a finales de 2008 numerosas entidades locales.

Entre las 44 entidades analizadas que acudieron al endeudamiento, sólo ocho presentaron indicadores positivos de ajuste presupuestario y financiero en los ejercicios posteriores, y de entre ellas, algunas ya disponían de remanente de tesorería positivo en 2008 y otras lo presentaron utilizando criterios contables no ajustados a la normativa aplicable, según el informe.

De las 36 entidades que al cierre de 2010 no cumplían el plan, 26 no habían adoptado medidas de reajuste al menos hasta los presupuestos de 2012.

Tras el análisis realizado a una serie de entidades locales, el Tribunal de Cuentas señala que "la situación financiera real era más deficitaria que la que se deducía de sus cuentas y en la mayoría el déficit financiero era mayor en 2010 que en 2009, a pesar de estar en vigor el plan de saneamiento y otros planes específicos de reajuste presupuestario y financiero y las medidas de contención del déficit aprobadas mediante el RDL 8/2010".

"Es especialmente significativa la situación a 31 de diciembre de 2010 en Alcorcón, Aranjuez, Córdoba, Elche, Jerez de la Frontera, Madrid, Parla y Telde", agrega.

En sus recomendaciones, señala que "el recurso al endeudamiento, con el consiguiente incremento de los costes financieros que genera, debe realizarse por las entidades locales de forma restringida, cuantitativa y cualitativamente, no debiendo constituir una fuente de financiación de acceso ordinario y regular, para evitar la excesiva carga de compromisos sobre los presupuestos futuros que limite la capacidad de gestión propia de las entidades locales".

CRÉDITOS

Del análisis realizado a una serie de entidades se ha puesto de manifiesto que numerosos empresarios finalmente no cedieron sus créditos a las entidades financieras, en parte o en su totalidad, al conseguir cobrar la deuda durante el proceso de solicitud del aval o conocer que se incluirían entre las que se atenderían con el endeudamiento regulado. La mitad de las entidades que acudieron al endeudamiento (52 por ciento) obtuvo financiación por, al menos, el 90 por ciento del límite establecido, en tanto que el 21 por ciento apenas alcanzó el 50 por ciento de las necesidades.

Asimismo, las condiciones financieras de los préstamos suscritos variaron de unas entidades a otras, desde el euribor a tres meses más 0,70 por ciento que concertó Santander hasta un tipo fijo en el entorno del 6 por ciento que pagaron Castell de Guadalest, Jerez, Alcorcón, Navalcarnero, Móstoles y Parla.