El Consell ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, dos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Alcoi y Burriana para atender a las familias que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de desahucio hipotecario u otras causas excepcionales mediante la utilización de viviendas de titularidad pública y los contratos de arrendamiento de interés social.

La actual situación de crisis económica ha provocado que muchas familias hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales, lo que ha llevado a los gobiernos autonómico y local, en el marco de sus competencias y responsabilidades, a movilizarse para paliar dichos efectos, según ha indicado el portavoz del Consell, José Císcar en rueda de prensa.

Por este motivo, el pasado 29 de junio el Pleno del Consell aprobó el Proyecto extraordinario de arrendamiento de vivienda pública enfocado a personas en riesgo de exclusión social como consecuencia de la crisis hipotecaria o de situaciones excepcionales semejantes, que conforman en estos momentos un colectivo especialmente desfavorecido.

El siguiente paso de la Generalitat ha sido establecer convenios, a través de la Conselleria de Infraestructuras con ayuntamientos u otras entidades para poner a disposición un cupo de viviendas públicas —1.200— para su adjudicación por el procedimiento general a colectivos especialmente desfavorecidos.

Convenio con ayuntamientos

Los convenios con los ayuntamientos de Alcoi y Burriana se suman a los ya aprobados con los municipios de Castellón, Monóvar y Paterna. Además, la conselleria ya ha remitido los convenios a una veintena de ayuntamientos como: Mutxamel, Elche, Almoradí, l'Olleria, Ontinyent, Burjassot, Massamagrell, Carcaixent, Silla, Sagunto, Paiporta, El Puig, Benaguasil, Vall d'Uixó, y Moncofa.

Asimismo, está previsto que se sumen a esta iniciativa del Consell los ayuntamientos de Alicante, Valencia, El Campello, Almussafes, Alaquàs, Bocairent, Chiva, Picassent, Requena, Tavernes de Valldigna y Alberic. Se espera que el número de consistorios y entidades colaboradoras vaya ampliándose.

La aprobación de estos convenios demuestra la "celeridad" de la Generalitat por dar solución a estos problemas que afectan a "muchas familias valencianas". Estos acuerdos ponen de manifiesto el "compromiso" del Consell con las familias en riesgo de exclusión social.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios deben ser propuestos por los ayuntamientos y haber perdido su vivienda habitual por ejecución hipotecaria. El Ayuntamiento deberá acreditar la "predisposición" de la familia al cumplimiento de obligaciones. Excepcionalmente, podrán acogerse a este programa otras familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de que sus miembros estén en paro fruto de la crisis económica.

El contrato de arrendamiento será de un año prorrogable. Las viviendas deberán reunir las condiciones básicas de habitabilidad y habrá un porcentaje de casas especialmente adaptadas para personas con discapacidad.