Cuando faltan menos de dos semanas para que venza el plazo, republicanos y demócratas siguen enfrentados sobre cómo evitar que EE UU caiga en el temido "abismo fiscal" (en inglés, fiscal cliff), aunque ambas partes han suavizado sus posiciones.

El llamado "precipicio" o "abismo" fiscal es la metáfora que describe la situación que puede producirse a principios de 2013 en la primera economía del mundo cuando coincidan drásticos recortes de gasto público y subidas generalizadas de impuestos. Los analistas alertan de que este abrupto ajuste fiscal podría devolver a EE UU a la recesión en el momento más inoportuno.

Las subidas de impuestos se producirían como consecuencia del vencimiento de exenciones pasadas.

Por su parte, los recortes automáticos del gasto público fueron acordados por los legisladores en el verano de 2011 como mecanismo de presión para forzar un acuerdo bipartidista, que nunca llegó, sobre la reducción del déficit presupuestario y la deuda.

El presidente Barack Obama, recién reelegido, exige que la clase media no se vea afectada por ninguna subida de impuestos, y que el acuerdo de reducción del déficit incluya un aumento de los ingresos a través de un esfuerzo de las rentas más altas.

En un principio, había situado como frontera para esa alza de impuestos los hogares que ganen más de 250.000 dólares al año (más de 188.000 euros al año), pero el pasado lunes, en una aproximación hacia los republicanos, elevó la cifra hasta los 400.000 dólares anuales (más de 300.000 euros anuales).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha accedido a la subida de impuestos para las rentas más altas, pero propone como umbral las rentas a partir de 1 millón de dólares al año (unos 756.000 euros al año).

Es el llamado 'plan B', presentado como alternativa para facilitar que el Congreso apruebe algún tipo de alivio tributario antes de fin de año, mientras continúan las negociaciones en 2013 en torno a un pacto fiscal de largo alcance.

La propuesta demócrata, rechazada anteriormente por los republicanos en la Cámara de Representantes, que tras las elecciones del pasado 6 de noviembre siguen controlando, incluye recortes de gasto que serían compensados por la subida parcial de los impuestos a millonarios y multimillonarios.

El diseño del acuerdo, no obstante, comienza a dibujarse ya que ambos parecen coincidir en un ahorro de en torno a los 2 billones de dólares en la próxima década, aunque los republicanos quieren que sea mitad en ingresos y mitad en gastos.

Por su parte, Obama asume una cifra similar, 2,15 billones, pero quiere que el porcentaje de ingresos sea mayor que el de los recortes: en torno a 1,4 billones de ingresos y 750.000 millones en gastos.

La diferencia más notable reside en que Obama quiere que el acuerdo incluya un paquete de estímulo económico para inversión pública en infraestructuras y educación, al que se oponen los republicanos.

De no alcanzarse un acuerdo que implicara la reducción del déficit en 1,2 billones de dólares a lo largo de la próxima década se entraría en el "precipicio fiscal", temido ajuste compuesto por dos elementos.

Uno es la supresión de la prórroga de exenciones impositivas en numerosas categorías aprobada en 2003 por el presidente George W. Bush y ampliadas por Obama en 2010, que supondría de hecho una subida de impuestos para la mayoría de los ciudadanos.

El segundo elemento es la llamada "sequestration", una retención de fondos federales ya asignados para el gasto público, especialmente en defensa, educación y en el programa de salud para personas mayores Medicare.

Esta suspensión de las "vacaciones fiscales", como también son conocidas, supondría un aumento de la carga fiscal de al menos 110.000 millones de dólares en 2013, y de 2,8 billones de dólares en la próxima década, según datos del Comité Federal para un Presupuesto Responsable.

El incremento vendría dado por la reducción de las exenciones fiscales por hijos y educación, la subida de los impuestos por herencias y el alza de los tipos por ganancias de capital y dividendos, principalmente.

Además, subirían un 2 % las retenciones sobre la nómina de los trabajadores y se reduciría la expansión de la cobertura por desempleo, aprobada para paliar los años más duros de la crisis, que pasó de 26 semanas a casi 90 en algunos estados.

Estas dos medidas supondrían aumentar los ingresos fiscales en alrededor de otros 115.000 millones de dólares en 2013.

Por otro lado, se aplicaría un hachazo al gasto público de 65.000 millones de dólares solo en 2013, que alcanzaría 980.000 millones en la próxima década.

Estaría compuesto de un recorte del gasto en defensa del 10 %, un 8 % de reducción del gasto discrecional en ámbitos como educación e investigación y un 2 % en los pagos por el programa de salud Medicare para las personas mayores.

En total, el precipicio fiscal supondría un ahorro en el primer año de entre 450.000 millones y 600.000 millones de dólares.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, organismo no partidista) estima que las implicaciones económicas serían de una reducción del 3,9 % en el producto interior bruto de EE.UU., lo que significaría volver a entrar en recesión, ya que se pronostica un crecimiento para 2013 de entorno al 2 %.