La consellera de Educación, María José Català, ha señalado este jueves que algunas comunidades autónomas afrontan la reforma educativa impulsada por el Gobierno "desde un punto de vista más político que educativo y pedagógico" motivo por el cual algunas de las posturas manifestadas en la Conferencia Sectorial "siguen siendo las mismas que las iniciales a pesar de que se han hecho concesiones".

Català se ha pronunciado en estos términos en relación al proceso de negociación del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), del que ha destacado su "amplio nivel de consenso", ya que todas las regiones han podido mantener reuniones privadas con el Ministerio para realizar sus aportaciones.

En declaraciones a los medios momentos antes de participar en un encuentro con la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) para presentar la reforma, la titular de Educación ha lamentado que algunas comunidades afronten este proceso de diálogo "desde un punto de vista más político" y se mantengan en sus posiciones iniciales a pesar de las concesiones y de que "se han incorporado sus sugerencias, como es el caso de Andalucía o Asturias".

Asimismo, respecto a la negociación con Cataluña ha apuntado que su percepción es que "sigue dialogándose" y ha subrayado que "no se puede resumir toda una ley educativa en el tema lingüístico" y menos aún cuando el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "ha zanjado el debate diciendo que tienen el mismo trato" el castellano y las lenguas cooficiales, pese a estar incluidas en distintos bloques que, según ha insistid, no conforman una relación jerárquica, sino de competencias curriculares.

Català ha asegurado que desde el Ejecutivo valenciano están "muy satisfechos" con el resultado de la negociación porque se han incorporado sugerencias como la petición de que se evaluara el valenciano y puntuara de igual forma que la lengua y literatura castellana. "El valenciano ha de ser protegido y la mejor manera de protegerlo es evaluándolo; todo lo que no se evalúa se devalúa", ha recalcado.

El anteproyecto refleja, además, la apuesta de la Generalitat "por la autonomía pedagógica, por la rendición de cuentas, por la cultura de la evaluación, el plurilingüismo y, por supuesto, la protección de nuestra lengua cooficial".

Acuerdo en el "esqueleto" de la nueva ley

Por otra parte, Català ha celebrado que no existe entre las comunidades "ningún tipo de discrepancia" en lo que conforma el "esqueleto" del anteproyecto, la autonomía pedagógica, y que los debates surgen "cuando se habla del tema de la co-oficialidad, en algunas asignaturas como en Andalucía con la religión o de diversidad de criterios respecto a la FP en el País Vasco".

"Salvo cuestiones puntuales, es una ley que puede aprobarse con un alto grado de consenso", ha insistido la consellera, que ha resaltado que pese a que "parece que siga siendo un proceso de luchas y desencuentros, el esqueleto básico no se ha criticado en exceso".

Retos de la educación

Durante el encuentro, ha enumerado las aportaciones realizadas por la Comunitat a la LOMCE, entre las que ha destacado el modelo plurilingüe, la autonomía pedagógica, la libertad de elección de centro, el emprendedurismo, la rendición de cuentas, la transparencia en las evaluaciones diagnósticas, el impulso de la formación artística y musical, novedades en materia de personal, la eliminación de Educación para la Ciudadanía o la apuesta por la FP dual.

Asimismo, ha apuntado como principales retos de la educación la profesionalización de la función docente, la consideración de Grado de las enseñanzas artísticas, la apuesta por los contenidos digitales, que los mejores profesionales alcancen los mejores puestos en el acceso a la función pública o la colaboración público-privada.

Por otra parte, Català ha incidido en que Educación trabaja en un decreto de acreditación de competencia en lenguas extranjeras "muy novedoso" para certificar los títulos obtenidos en instituciones de reconocido prestigio y ha recordado que este mismo miércoles solicitaron al Ministerio que los alumnos, al acabar la ESO y Bachillerato, puedan acreditar un nivel básico o intermedio en lengua extranjera por medio de una prueba en el propio centro, una propuesta que será "estudiada".