La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que ha mantenido una reunión con representantes del Consejo Andalucía de Colegios Profesionales de Trabajo Social, se ha comprometido a mantener la contratación de los trabajadores sociales de refuerzo para la atención a la Dependencia.

En un comunicado remitido este jueves por la Consejería del ramo, Montero ha destacado el "enorme esfuerzo" que está haciendo el Gobierno andaluz al destinar más de diez millones de euros para este mantenimiento, a pesar de los recortes que ha llevado a cabo la Administración central y que ha supuesto que Andalucía "deje de recibir este año 89 millones para la financiación de esta Ley", ha vuelto a recalcar Montero.

La titular del ramo ha destacado la importancia de la labor que desempeñan estos profesionales en el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, máxime en el contexto de la apuesta que el Gobierno andaluz respecto a esta Ley, en la que Andalucía supone una cuarta parte (más del 25%) del total de valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de España.

En concreto, la Junta destinará en 2013, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, cerca de 10,3 millones de euros al mantenimiento de estos trabajadores sociales (268), que son contratados por los ayuntamientos y las diputaciones para la atención de personas en situación de dependencia.

Todo ello, a pesar del recorte de 125 millones de euros previsto por el Gobierno de España en materia de Dependencia a Andalucía para próximo año.

Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos para la contratación, por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, de personal de refuerzo (trabajadores sociales y administrativos) para la implantación e impulso de la Ley, ya que las entidades locales constituyen, a través de los servicios sociales comunitarios, la puerta de entrada al sistema de dependencia y donde se inicia la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de este derecho.

No obstante, una vez que en la actualidad el sistema se ha consolidado de forma general después de los cinco primeros años de la Ley, y debido también a la necesidad de optimizar recursos, se considera prioritario que éstos se centren en el refuerzo de personal en el ámbito del trabajo social dedicado a la Dependencia.

Agrega el comunicado que, en total, y teniendo en cuenta los recursos que se aprobarán para 2013, la Junta de Andalucía ha destinado a la contratación de personal de refuerzo un total de 121,1 millones de euros, que han posibilitado el impulso de la Ley de la Dependencia de la mano de estos trabajadores municipales diseminados por todo el territorio andaluz.

En el momento actual, el refuerzo de personal de trabajo social se considera prioritario para asumir adecuadamente el lógico ritmo de reposición dentro del sistema de Dependencia, así como las funciones asignadas en materia de revisión de prestaciones y seguimiento de la correcta aplicación de los Programas Individuales de Atención (PIA), asegurando la adecuación de los servicios o prestaciones a las necesidades de las personas a las que fueron prescritos.

La dependencia moderada, HASTA 2015

Igualmente, la Junta sostiene que el "retraso decidido por el Gobierno de España" para la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación a las personas con dependencia moderada hasta 2015, hacen que "no sea necesario en estos momentos un refuerzo de personal que asuma funciones de tramitación masiva de inicio de nuevos expedientes correspondientes a la incorporación de este colectivo al sistema, como sí sucedía al comienzo de la implantación de la Ley".

Con la inversión que se realizará para la contratación en 2013 por parte de los ayuntamientos y diputaciones de personal de refuerzo de trabajo social, la Junta de Andalucía hace un importante esfuerzo, orientado a las necesidades prioritarias en el momento actual de desarrollo de la Ley de la Dependencia en nuestra comunidad, y en el marco de una situación económica restrictiva y compleja, derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno central en esta materia y del nulo margen de las comunidades autónomas por el objetivo del déficit.