El Colegio de Abogados de Toledo niega que haya eludido o incumplido los requerimiento de la Defensora del Pueblo

El decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, ha asegurado en un comunicado enviado a los medios de comunicación que la corporación "nunca ha eludido y mucho menos incumplido" solicitud o requerimiento alguno de cualquier administración pública, "y en ningún caso es dable pensar que se tenga la intención de contravenir u obstruir instrucción pública alguna".

El decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, ha asegurado en un comunicado enviado a los medios de comunicación que la corporación "nunca ha eludido y mucho menos incumplido" solicitud o requerimiento alguno de cualquier administración pública, "y en ningún caso es dable pensar que se tenga la intención de contravenir u obstruir instrucción pública alguna".

El decano ha reaccionado de esta manera después de que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, haya anunciado en el Senado que pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las ocho administraciones —entre ellas el Colegio de Abogados de Toledo— que no han contestado a tres o más requerimientos de información realizados por la Institución.

"En el compromiso que este Colegio de Abogados siempre ha tenido de colaborar con las administraciones e instituciones en todos los órdenes en los que ha sido requerido, no podemos admitir las conclusiones y manifestaciones que se efectúan desde el Defensor del Pueblo por falta de rigor y certeza", asegura el decano.

Asimismo, ha querido transmitir su "sorpresa" por dicha noticia, pues el Colegio de Abogados en su condición de corporación de derecho público "siempre" ha procurado llevar a cabo una gestión "responsable y de colaboración" con las distintas administraciones públicas, sobre todo de aquellos servicios que constituyen un carácter público y que se prestan a la sociedad en general y a los ciudadanos en particular.

No obstante, y desde el respeto que me merece la Institución y en concreto la persona que la preside, considera que con esta información se está siendo "injusto" con la Corporación pues "se falta a la verdad" y apunta que no tiene constancia de la existencia de queja o razón alguna que ampare esa falta de colaboración que pudiera motivar o justificar la actuación de la Defensora del Pueblo.

De este modo, afirma que en aquellos servicios públicos "más relevantes" como el turno de oficio, asistencia al detenido o violencia de género, y a los que el Colegio presta una mayor dedicación e interés por la trascendencia social que les resulta inherentes, "puede que en alguna ocasión haya existido alguna disfunción en la prestación de los mismos".

No obstante, apunta, "es en este momento cuando podemos afirmar que la gestión que se está llevando a cabo es del todo eficaz y responsable, sin que exista requerimiento de información alguna que esté pendiente de contestación o de cumplimentación, y mucho menos que no se haya despachado".

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