El Senado ha dado luz verde, este miércoles, al Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor del texto, a pesar de que no fue aprobada ninguna de las 55 enmiendas presentadas.

Fue en septiembre cuando el Gobierno convalidó el decreto de estas ayudas y decidió tramitarlo como proyecto de ley en la Cámara baja, para que el resto de grupos pudieran hacer sus aportaciones.

Las medidas establecidas en la misma se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio, así como a los afectados por las fuertes tormentas de pedrisco que se han sucedido en determinadas comunidades desde el pasado mes de mayo, y por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en varias comunidades, durante los últimos días del mes de septiembre y octubre de 2012, fecha en la que finaliza la temporada de incendios.

Entre otras, las comunidades donde se aplicará la norma serán la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, o la Comunidad de Madrid.

El decreto contempla ayudas para daños personales, materiales y enseres; ayudas a personas físicas y jurídicas; ayudas para el alquiler, reparación y reconstrucción de viviendas para propietarios, inquilinos y comunidades de propietarios para los espacios comunes; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, en la red viaria de diputaciones y cabildos por las que se podrá cubrir hasta el 50 por ciento de su coste.

También incluye medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles gravemente dañados o reducciones en el impuesto de actividades económicas correspondientes a 2012. Además, las ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales importantes para las actividades agrarias.

Es más, la ley establece un plazo de dos meses para presentar las solicitudes de ayuda y, además, para agilizar su tramitación, la norma reduce el plazo para resolver el procedimiento de los seis meses habituales a sólo tres.

Líneas preferenciales de crédito

El trámite parlamentario a su paso por el Congreso se ha incluido también la instrucción al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las comunidades afectadas, con las que se suscribirán los oportunos convenios de colaboración.

En concreto, esta línea de préstamo tendrá como finalidad financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos industriales, turísticos y mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos y de regadío, automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto dañados como consecuencia de los siniestros, y se materializarán en operaciones de préstamo concedidas por dichas entidades financieras.

Mediante acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos también se concretarán las características técnicas de la línea de préstamo y las partidas presupuestarias que queden vinculadas a su instrumentación.

Las operaciones de préstamo contarán con una bonificación de intereses que se atenderá desde el crédito que se habilite en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. La cuantía de dicho crédito se determinará de conformidad con lo que establezca el citado acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos.

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