El alcalde de astillero, Carlos Cortina, ha dado a conocer este miércoles el informe de la Intervención Municipal en el que se ha basado la decisión del Ayuntamiento de no ingresar en el Tesoro Público el IVA de una venta de una parcela municipal en el polígono de Morero el 2003, siendo alcalde el ahora presidente de Cantabria y del PP, Ignacio Diego, lo que le ha supuesto al Consistorio una sanción de Hacienda de 232.119 euros.

A finales de noviembre, el Tribunal Supremo confirmó la sanción al Ayuntamiento que le impuso Hacienda tras detectar una deuda tributaria por IVA del ejercicio 2003 de 245.075 euros, resultantes de los 232.119 euros de cuota y 12.955 de intereses de demora en 2003.

Tras conocer la sentencia, tanto Diego como el actual alcalde, que entonces era concejal de Urbanismo, manifestaron que habían sido los técnicos municipales del Consistorio los que "recomendaron" no ingresar en el Tesoro Público el IVA cobrado porque había una "vía" para declararlo que permitiría que ese dinero se quedara en el municipio.

Cortina ha manifestado este miércoles su acatamiento a la decisión judicial, "aunque no se llegue a compartir", y en una comparecencia ha indicado que el origen de todo nació de un "error de interpretación".

Según ha explicado, en la escritura de compraventa del terreno aparece ese impuesto desglosado y en el anuncio del BOC aparece incluido, mientras que en el informe de valoración del terreno del arquitecto, en el pliego de condiciones que permitió sacarlo a subasta y en el acuerdo de adjudicación, se expresa que la cantidad licitada era de 1.679.867 euros, sin mención a tributo alguno.

El alcalde, que ha comparecido en compañía del portavoz del Partido Popular, Fernando Munguía, ha subrayado que en esta cuestión no ha habido despilfarro de cantidad alguna ni nadie se ha quedado con dinero.

"No hay por tanto malversación -recalcó- ni tampoco es posible compararlo con otras actuaciones de otros gobiernos en las que sí se despilfarró dinero público y llegó a manos de particulares, caso -dijo- del proyecto de la fábrica de Fibroyeso, además de otros que van suponer un enorme gasto para todos los cántabros como la sentencia por la variante de Comillas o las facturas en el cajón del anterior gobierno que hay que pagar".

"nota de reparo"

Cortina insistió en que la decisión del Ayuntamiento de Astillero de no ingresar el IVA por la citada operación de venta se basaba en el informe del Interventor Municipal que consideraba que el Consistorio no debía asumir la liquidación del tributo señalado, tanto por cuestiones de forma como de fondo, y añadía que en caso de que el Ayuntamiento lo hiciera, formularía "nota de reparo".

De esta manera, en su informe, el técnico indicaba que el Ayuntamiento no debía ingresar el IVA al no estar sujeto a ello por tratarse de una administración pública, que no es ni empresario ni profesional, además de no tener dicha obligación por no haber realizado urbanización o promoción alguna en dichos terrenos.

Asimismo, en su informe, el Interventor declara la existencia de un dato contradictorio en relación al IVA en la escritura de compraventa y en el pliego de condiciones que permitió sacar a subasta la parcela. Hay asimismo otras cuestiones de forma aducidas por el Interventor en su informe, entre ellas la "improcedencia de la sanción por falta de competencia" de la inspección para imponer sanciones a otra administración pública.

El Ayuntamiento de Astillero enmarca lo relativo a este asunto en la forma habitual de trabajar de este Consistorio en el sentido de seguir las indicaciones de los técnicos, siempre que se plantee o se presente una cuestión técnica. "En ese caso, hay que decir que todos los días y a todas horas en este ayuntamiento, como en cualquier otro, se toman decisiones que tienen consecuencias jurídicas. La mayoría de la veces, afortunadamente, a favor de los intereses municipales y en otras, como en este caso, en contra".

Cortina puso de ejemplo de lo que le puede ocurrir a un responsable político por no hacer caso de los informes técnicos los casos de los exalcaldes de Camargo, a los que la Fiscalía pide su inhabilitación por una actuación que llevaron a cabo a pesar de los informes del Interventor en contra, así como el caso de Reinosa, donde el alcalde está siendo juzgado por un presunto delito de prevaricación por contratar unas obras pese a los reparos del Interventor.

Y en Cartes, añadió Cortina, el que fuera su alcalde ha sido ya condenado en firme a casi nueve años de inhabilitación por prevaricación, utilizando la sentencia como base argumental condenatoria la supuesta desatención a los informes del Interventor Municipal.

En este sentido, Cortina destacó que el Ayuntamiento de Astillero siempre se ha caracterizado por ser una administración "valiente en el sentido de tomar decisiones, siempre pensando en los vecinos y en el bienestar de los mismos".

Prueba de ello son -dijo- las sentencias judiciales ganadas en los últimos años que han permitido así la recuperación de terrenos para el uso público, como el caso de la expropiación de las Marismas Negras por las se reclamaba al Ayuntamiento seis millones de euros, o las que han permitido que vecinos del municipio compraran viviendas de protección oficial en la calle Marqués de la Ensenada, tras los recursos planteados, "por citar tan solo algunos de los muchos juicios a los que esta administración se ha visto obligada acudir para defender los intereses del municipio".

El regidor señaló así que "la pretensión de judicializar la política municipal en que están algunos", en alusión a los partidos de la oposición, "es un intento de ganar en los juzgados lo que no se ha podido ganar en las urnas, por lo que es un síntoma de su impotencia", dijo.

Asimismo, recordó que cuando el Ayuntamiento de Astillero sacó a subasta el citado terreno lo hizo con la condición de que sobre él se construyeran naves-nido, es decir, se creara empleo para la comunidad, y destacó que la empresa invirtió no menos de dos millones de euros en la ejecución material de este proyecto.

Además, señaló que con los ingresos que se obtuvieron de su venta, el Ayuntamiento de Astillero realizó importantes inversiones en equipamientos e infraestructuras deportivas, culturales y de todo tipo como las pistas de tenis y pádel, la Sala Bretón, el Centro Cultural El Almacén de las Artes, aparcamientos, la ludoteca y el centro cívico, además de la puesta en marcha del servicio de catering social, entre otros muchos proyectos que "han redundado y revertido en los ciudadanos del municipio en los últimos años".

Por otro lado, Cortina manifestó que las arcas municipales asumirán el gasto derivado de esta sentencia como un crédito más y se negociará con Hacienda para que se pueda devolver en plazos, de tal forma que no afectará para nada a las partidas que se destinan al mantenimiento de los servicios municipales y a las inversiones previstas y, por supuesto, dijo, tampoco incidirá en las tasas y tributos municipales.

En este sentido, destacó que el ayuntamiento de Astillero siempre acuerda la actualización general de estos últimos conforme al IPC interanual, como así se ha acordado para el año 2013. El alcalde concluyó su intervención con una reflexión sobre las "contradicciones" en las que incurren algunos, en alusión a las críticas vertidas por el PSOE en los últimos días.

Así, señaló que "las declaraciones altisonantes sobre esta cuestión contrastan con su silencio cuando el Estado nos ha exigido la devolución de 1.300.000 euros por el Fondo de Inversión Local que puso en marcha el gobierno del señor Zapatero". "Una falta de previsión y un error de gestión -dijo- de los que a nadie del partido del expresidente, es decir, del PSOE, he oído quejarse".

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