La Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana ha reclamado que el Consell reconozca la deuda de 250 millones de euros que tiene con los alrededor de 50.000 perjudicados por estos impagos, y establezca un calendario de pagos con este colectivo, según ha explicado Raquel Rocamora, una de las afectadas.

Por ello, una veintena de afectados de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón se han desplazado este miércoles a Alicante para registrar cerca de 200 quejas de perjudicados ante el Síndic de Greuges.

Allí, han sido atendidos por el adjunto al síndic, a quien han trasladado su "preocupación por la grave situación" y "total indefensión de las familias que están esperando esas ayudas que no están llegando".

Entre los afectados, han explicado, hay quienes no han cobrado ayudas desde 2008, y en estos casos "corren el riesgo de que estas subvenciones prescriban pasados cuatro años desde que fueron notificadas".

Raquel Rocamora ha destacado que en los presupuestos de 2012 la partida que estaba destinada para ayudas en vivienda finalmente ha sido para el pago del ERE en el IVVSA. En esta situación se encuentran beneficiarios del llamado 'cheque vivienda', así como receptores de ayudas para la rehabilitación de inmuebles y para el alquiler de viviendas.

"Hemos conocido que han metido a gente en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) por no pagar los intereses de estas ayudas que fueron adelantadas por los bancos, y ahora los bancos les reclama a ellos", ha comentado María Navarro, otra de las afectadas, quien ha lamentado que los intereses "sangran" a los perjudicados. "Se puede hablar de una ayuda de 9.000 euros, a la que han aplicado 3.000 euros de intereses", ha asegurado.

Las perceptores fueron beneficiarios de distintos tipos de ayudas, entre ellos, subvenciones a la cuota, —que el Estado ha suprimido con carácter retroactivo—, ayudas directas a la entrada, —que ha sido eliminada para planes de 2013—, y el llamado 'cheque vivienda' —que según ha denunciado la Plataforma, la Generalitat continúa aprobando a nuevos beneficios—.

Los afectados por esta situación son en su mayoría personas de entre 30 y 40 años, parejas con hijos pequeños, así como jóvenes y personas mayores sin recursos, ha explicado Raquel Rocamora. En su caso particular, soltera y en paro, se enfrenta a perder su casa si no cobra los 11.100 euros que le adeuda la Generalitat.

"Exigimos que la Generalitat reconozca la deuda y que se comprometa a un calendario de pagos: esto es un contrato, nosotros estamos cumpliendo, pero ellos lo están incumpliendo y no se ve la voluntad de pagar por ningún lado", ha insistido.

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