La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de investigar el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, seguirá un mes más de baja por enfermedad tras presentar un nuevo parte médico, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En este sentido, las fuentes consultadas han señalado que la prórroga de la baja por enfermedad de la magistrada comienza a contar desde el pasado lunes día 17 de diciembre, por lo que si se cumple el mes la juez no se reincorporaría al Juzgado hasta el día 17 de enero, una vez finalizadas las Navidades.

De este modo, y si la juez apura al completo el mes de baja, superará los cuatro meses sin acudir a su puesto de trabajo, pues hay que recordar que se dio de baja el pasado día 12 de septiembre al padecer cefáleas —fuertes dolores de cabeza— desde que se incorporó al Juzgado una vez finalizadas las vacaciones de verano. Al parecer, la nueva baja viene motivada por un problema de tensión ocular.

Además de las distintas ramas del caso Mercasevilla y de los ERE fraudulentos, la juez investiga otros asuntos de enorme envergadura, como por ejemplo la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis, causas que están sufriendo un serio retraso en su instrucción debido a la baja de la magistrada.

El caso continúa bajo secreto de sumario

Durante el tiempo en que la magistrada ha estado de baja, el juez sustituto, Iván Escalera, ha resuelto algunos recursos y ha tomado algunas decisiones de calado, como cuando decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo el 22 de octubre.

De igual manera, el juez sustituto dictó un auto en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Este secreto, conviene recordarlo, fue prorrogado posteriormente durante otro mes más por la "gravedad" de los delitos que se investigan y a fin de identificar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados.

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