El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor la bancada 'popular' la Ley de Medidas Financieras y Administrativas sin aceptar ninguna de las enmiendas de la oposición a este texto (93 del Grupo Socialista y 40 de IU) en las que defendían, entre otras cosas, otra alternativa para generar ingresos en la Comunidad a través de un modelo fiscal "más justo e igualitario".

El debate de las enmiendas socialista a esta Ley se ha centrado en las acusaciones del portavoz de la Hacienda del PSOE, José Francisco Martín, a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a quien ha acusado del "mentir" sobre la compensación a la Comunidad por la amnistía fiscal y cuya reclamación al Estado centraba una de las enmiendas del PSOE.

Martín ha insistido en que, mientras Del Olmo aseguraba en las Cortes que Castilla y León iba a recibir una "compensación automática" de este gravamen extraordinario, por otra parte se dirigía al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria en la que señalaba que "como consecuencia de la regulación voluntaria de rentas no declaradas dejarán de percibirse los ingresos que se hubieran obtenido ordinariamente". "La consejera mintió y dijo que recibiríamos una parte con la liquidación de 2004, no nos pueden mentir, sabemos todo lo que pasa en la Consejería de Hacienda", ha advertido el procurador socialista.

Ante estas acusaciones, el procurador 'popular' Salvador Cruz ha acusado a José Francisco Martín de tener una "falta de dignidad parlamentaria total" y le ha reclamado que mostrara la carta firmada por la consejera de Hacienda, para lo que el procurador socialista accedió a la tribuna de oradores para enseñar el documento.

"Esta carta no tiene firma de la consejera", ha exclamado el procurador 'popular', quien ha insistido en que Martín ha quedado "una vez más en evidencia" entre los gritos de la bancada socialista que ha obligado al vicepresidente de las Cortes, Fernando Rodríguez Porres, a ordenar el silencio en la sala para proseguir con el debate.

No obstante, el procurador 'popular' ha insistido en que esta compensación del modelo de financiación de 2009 no se puede pedir "por el principio de lealtad institucional" hasta que pasen cinco años, por lo que no se podrá solicitar hasta 2014.

Enmiendas socialistas

A pesar de este este 'rifirrafe' José Francisco Martín ha defendido su modelo fiscal alternativo centrado en "que paguen más los que más tienen", ya que la propuesta de la Junta habla de unas cuentas "impuestas" por Mariano Rajoy "injustos con los débiles, inútiles y crueles con Castilla y León".

De este modo, ha insistido en su defensa de subir la tarifa autonómica IRPF y una subida progresiva en todos los tramos del impuesto de patrimonio, al igual que ha abogado por que se eliminen las bonificaciones a casinos y bingos y que se grave a las eléctricas tras el "gatillazo nuclear" de la Junta con Garoña después de que ésta haya adelantado su decisión de cierre definitivo.

Igualmente, las Cortes han planteado dos nuevos impuestos, uno para las grandes superficies con el fin de que sean éstas las que más paguen por el "daño" que hacen al pequeño comercio y otro impuesto para los depósitos financieros en la Comunidad.

El 'popular' Salvador Cruz ha acusado al PSOE de que con su propuesta la Comunidad perdería 100 millones de euros en ingresos, por lo que ha preguntado "de dónde piensan recortar esta cantidad". "Es contradictorio que planteen menos ingresos y más gasto", ha señalado Cruz, quien ha insistido en que el modelo del PSOE es "incoherente".

"No tienen ni alternativa al presupuesto ni alternativa fiscal para hacer viable la garantía de calidad en los servicios básicos".

Por su parte, el procurador de IU, José María González, ha defendido sus 40 enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, una norma que, a su juicio, "desenmascara" el "papel segundón" de la Junta de Castilla y León frente al Gobierno central.

González ha calificado la Ley de "destructiva, peligrosa e insana" para la mayoría de los habitantes de la Comunidad, al tiempo que ha exigido que se deje de beneficiar a los empresarios del juego que se amplíe el impuesto de patrimonio y que se establezca un impuesto a la producción nuclear, aunque ha confiado en que "sea verdad" que Garoña va a dejar de producir.

Sin enmiendas también fueron rechazadas, ya que, como ha señalado Daniel Sobrados Pascual, las propuestas de IU supondrían "menos ingresos, más gasto público, más déficit y más deuda".

La ley

La normativa aprobada este miércoles en las Cortes establece que Junta de Castilla y León devolverá el 'céntimo sanitario' para el gasóleo profesional, aquel que pagan transportistas, autobuses y taxistas, y recuperará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las rentas más altas.

Estas son las principales novedades que incluye la norma que aboga por aplicar el principio de la "progresividad" en todo el sistema fiscal de Castilla y León desde la premisa de que "que paguen más quienes más tienen". Por lo que la Junta recuperará en 2013 el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sólo para las rentas más altas de modo que se mantendrá la actual bonificación del 99 por ciento para las sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges para los primeros 175.000 euros de base imponible y constituye un fondo para compensar posibles suplementos territoriales en la factura de la luz derivados de la Ley del Sector Eléctrico.

Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no tocará el IRPF en su tramo autonómico, donde se mantienen los límites de renta establecidos en 2012 —18.900 para declaración individual y 31.500 para conjunta—, y tampoco incrementará el Impuesto de Patrimonio, ya que no beneficia a la comunidad por las "carencias" del modelo de financiación. La Junta incluye además la progresividad en el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, donde se mantiene la bonificación para la creación y ampliación de empresas.

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