El diputado popular José Miguel Luengo ha asegurado este miércoles, respecto al sistema integrado de transporte, que el Partido Popular "trata de echar un cable a las empresas concesionarias, garantizando el sistema publico de transporte, intentando aliviar con una prórroga de 2 años a las 25 empresas concesionarias existentes en nuestras carreteras" y proponiendo "una modificación de la Ley que sirva para dar mayor estabilidad a los trabajadores", consiguiendo hacer "una ley flexible".

Y ha matizado que "si llegado el plazo las empresas no asumen el cumplimiento de los compromisos de modernización previsto en la ley, quedarán fuera".

Luengo ha hecho estas declaraciones en el debate y votación en la Asamblea Regional sobre la proposición de Ley de modificación de creación del sistema integrado de transporte público de la Región de Murcia, que ha sido aprobada esta mañana, donde ha dicho que "queremos tener un buen transporte público, pero también el que nos podamos permitir".

"Entendemos que es un servicio fundamental para nuestra Región", ha dicho Luengo, pero sin embargo "debe adecuarse a la eficiencia técnica y a los recursos públicos", haciendo frente a "la subida del precio del combustible del 45% desde 2009, y a la caída de usuarios motivada por el desempleo".

También, ha subrayado, que "es el Partido Popular quien está ayudando a estos trabajadores" y les ha indicado a la oposición "que no jueguen más con esto", que "no se pueden aceptar sus mociones, porque no podemos blindar por ley los contratos".

Mantener los puestos de trabajo

El diputado socialista, Joaquín López Pagán, ha propuesto que "a lo que se propone modificar al PP, se añada que las concesionarias queden obligadas a mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales actuales".

Según López Pagán, "los argumentos son de dudosa legalidad" no sólo por "los efectos que esta modificación va a tener en los usuarios a del transporte", sino "porque no tenemos acceso a ningún informe, no sabemos qué empresas han cumplido y cuáles son las que han caído en incumplimiento".

Por ello ha indicado que "los malos resultados están en la mesa, afectando a los usuarios", a lo que ha añadido que "ése es el fracaso del Partido Popular".

Además, ha acusado al Partido Popular, de "conceder un plazo", de "mantener a una empresa incumplidora que lo sigue haciendo igual", "haciéndoles un favor improcedentemente", sin cumplir "con el reglamento de la UE" que establece "transparencia en la concesión, competencia para huir del favoritismo en el momento de la licitación".

A lo que se une, ha indicado, "el Tribunal de la Defensa de la Competencia", que dice en su informe "que no se pueden conceder aplazamientos porque perjudica a la competencia", y el del "Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana", que ha anulado un decreto que entiende ilegal, porque conculca el reglamento de la UE".

Para el diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, se trata de una modificación "de dudosa legalidad", que trata de "beneficiar a una empresa negligente en su funcionamiento", y "sin garantizar los puestos de trabajo, no es de recibo", por ese motivo ha votado "en contra".

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