La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha emitido, con fecha 13 de diciembre de 2012, un informe jurídico desestimando la petición formulada por Sacyr, en abril de 2012, en orden a resolver el contrato de concesión pública de renovación urbana de la Plaza de la Encarnación y su entorno, formalizado el 14 de diciembre de 2005.

En un comunicado, el Ayuntamiento informa de que, a la solicitud de resolución del contrato, se acompaña la reversión a la Administración de las obras y bienes entregados en concesión demanial y, la devolución de las garantías definitivas constituidas por la ejecución de las obras y la explotación de las mismas, así como la liquidación del contrato.

Señala que los fundamentos jurídicos de Urbanismo para desestimar esta petición se basan en que no se dan "ninguno" de los supuestos de resolución de contrato previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, "no acreditándose, ni siquiera, la supresión de la explotación, ni la imposibilidad —ni material ni jurídica— de la explotación de la obra como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato, de tal forma que es palmario que la concesión y la actividad de la concesión se viene prestando".

Conjuntamente con esta demanda, Sacyr solicita la reformulación de un reequilibrio económico financiero, que apoya en una serie de "acusaciones" a la Administración por "incumplir obligaciones recogidas en el contrato". En concreto, señala que alega la "falta de entrega" del inmueble de Encarnación número 24, las "pérdidas" ocasionadas por el acceso gratuito a los sevillanos al Mirador del complejo, una repercusión de costes de explotación a los placeros del mercado menor de lo pactado y, un retraso de diez meses en el pago de la última certificación de obra —11.619.047,68 euros, abonados el 10 de febrero de 2012—. Por estos "incumplimientos", así como por la inversión no amortizada hasta el 31 de enero de 2012 y el lucro cesante hasta la misma fecha, Sacyr reclama la cantidad de 35.178.876,17 euros.

En el informe jurídico emitido por la Gerencia de Urbanismo se reconoce la procedencia de que se abra expediente de reequilibrio económico-financiero de la concesión, concediendo trámite de audiencia al contratista, en el que habrán de ventilarse las reclamaciones de cantidad que reclama éste, en tanto que, la Gerencia de Urbanismo entiende que los datos que se aportan son claramente contradictorios.

En este sentido, el organismo esgrime que frente a las reclamaciones realizadas por Sacyr, esta entidad no ha considerado que con los modificados uno y dos de las obras, ha obtenido el beneficio correspondiente a dos obras que no estaban contempladas en la licitación, que les han sido adjudicadas, y por las que ha ingresado 38.970.068,79 euros, "ingreso no esperado ni contemplado en su Plan Económico Financiero".

En base a lo expuesto, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo celebrado este miércoles ha aprobado la apertura de expediente de reequilibrio económico financiero de la concesión, y la desestimación de la petición de resolución de la concesión solicitada por Sacyr.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado que no está "dispuesto a que el Metropol Parasol le sigan costando más dinero a los sevillanos", aunque "no obstante estamos obligados a estudiar la petición que realiza la empresa en cuanto al desequilibrio del plan económico financiero derivado de la concesión".

Por otro lado, el máximo Órgano de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha acordado reconocer la obligación de pago de la suma de 424.318,79 euros a favor de la entidad Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA en acatamiento de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo el noviembre, a instancias de un recurso interpuesto por la citada empresa contratista.

A esto suma los 340.328 euros a abonar a la constructora Bruesa Construcción SA por la revisión de precios y los intereses de demora devengados como consecuencia del retraso de más de un año en las certificaciones de varios tramos del carril bici ejecutados en 2006. Por tanto, en total, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo tiene que reconocer este miércoles el pago de casi 700.000 euros en obras ejecutadas en 2006 que el anterior gobierno no pagó a las empresas adjudicatarias.

"Tendremos que seguir pagando y ordenando las cuentas que nos dejó el anterior gobierno. Llevamos ya un año y medio de gobierno y tenemos que estar todavía pagando facturas que estaban guardadas en un cajón", añade.

Además, Vílchez ha destacado que "ha quedado demostrado y sigue quedando claro que la gestión del anterior gobierno ha sido nefasta porque todos los días tenemos que buscar dinero para pagar todo lo que dejaron sin pagar a las empresas con las que contrataban"

La cantidad a abonar resulta de la suma de revisión de precios, más intereses de demora, del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de Rehabilitación de Zonas Degradadas 'MUR-DE-01, sector A', formalizado en agosto de 2006.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado también una modificación presupuestaria del Anexo de Inversiones del presupuesto de 2008, por valor de 312.533 euros para financiar obras de conservación derivadas de informes de Inspección Técnica de Edificios (ITE), en edificios residenciales, cuyas comunidades de propietarios no disponen de los recursos necesarios. La Gerencia de Urbanismo no descarta que a esta cantidad puedan sumarse otras, derivadas de próximas modificaciones presupuestarias susceptibles de ser destinadas a este objetivo.

A la vista de ello, la Gerencia convocará el próximo año una convocatoria para acogerse a estas ayudas, a la que podrán optar los propietarios que hayan realizado la Inspección Técnica de sus Edificios, que cumplan con las condiciones que se establezcan para el acceso a estas subvenciones. De manera preferente, las ayudas irán dirigidas a los vecinos de la zona Tres Barrios-Amate.

Se trata de una cantidad asignada a actuaciones de la convocatoria de subvención complementaria a la rehabilitación autonómica, que no serán ejecutadas al haberse producido una serie de renuncias, pudiendo establecer nuevos destinos para dichas cuantías.

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