Una de las cinco personas detenidas —tres de ellas funcionarias de la Delegación de Agricultura de Guadalajara— en el marco de la Operación 'Estipendio', como presuntas autoras de un delito cohecho relacionado con la emisión de un informe, intentó extorsionar a una empresa a la que exigió 60.000 euros para emitir un informe que evitara su cierre.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, este funcionario llegó a solicitar ese dinero a cambio del informe, a pesar de que la empresa cumplía con todos los requisitos medioambientales exigidos en la legislación vigente.

Esta persona estaría implicada en la comisión de un delito de falsedad documental, junto con otras dos personas, una de las cuales también fue detenida y otra imputada por este hecho.

Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado mes de septiembre, cuando responsables de una importante empresa denunciaron ante la Guardia Civil que un funcionario de la Delegación de Agricultura de Guadalajara les había solicitado el pago de 60.000 euros, cuya entrega debían materializar en billetes de 500 euros, con el fin de resolver favorablemente un expediente que estaba tramitando en el ejercicio de sus competencias.

El expediente estaba referido a la solicitud de exención de sometimiento de evaluación de impacto medioambiental de unas modificaciones llevadas a cabo en la empresa.

El funcionario, que tenía encomendada la gestión e informe de este expediente, acudió a la sede de la empresa y se entrevistó con sus responsables, haciéndoles ver que la fábrica no cumplía con las especificaciones técnicas medioambientales establecidas en la legislación vigente, lo que podría suponerles una multa de hasta 120.000 euros y la paralización de la actividad productiva por un periodo de uno a dos años.