Las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda (FSV) deberán cumplir los requisitos de vulnerabilidad fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008. Así lo ha anunciado este martes el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Así, los beneficiarios deberán contar con unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (en torno a los 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad, ha explicado el ministro en el Senado.

El Fondo contará con 6.000 viviendas, propiedad de las entidades de crédito que no hayan aportado a la Sareb, sociedad que aglutinará a los activos inmobiliarios tóxicos de la banca. De este modo, acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros  en el momento de la compra, según explicó el ministro. Estas viviendas, indicó, deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad".

El precio del alquiler oscilará entre los 150 y los 400 euros al mes, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar. Por su parte, los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogable a uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los requisitos estipulados.

Además, los beneficiarios de este Fondo, deberán haber sido desalojado por una entidad adscrita a él a partir de 2008 y deben cumplir los requisitos de vulnerabilidad fijado por el decreto que paraliza los desalojos durante dos años.

Esto acota la ayuda a las familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a cargo, con personas con alguna discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar, o quien haya sido víctima de algún supuesto de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

Una vez que los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, del Banco de España, la FEMP, las entidades financieras y algunas ONG se adhieran al Fondo, de forma voluntaria, deberán cumplir obligatoriamente lo estipulado.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.