El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jaén ha propuesto la creación de una comisión de control de empresas concesionarias en la capital con el objetivo de "garantizar unos servicios públicos de calidad y los derechos de los trabajadores".

Así lo ha afirmado este martes en un comunicado la portavoz de IU, Isabel Mateos, para quien la situación por la que atraviesa los empleados de Imesapi —anterior encargada del mantenimiento de alumbrado público, semáforos y fuentes que realiza el Consistorio desde que dejó la prestación en verano—; la próxima concesión de la recogida de basura; el seguimiento de la concesionaria del agua y la recién anunciada subida en los precios del transporte público "hacen necesario un mayor control".

De este modo, ha vuelto a exigir al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ese control a quienes prestan servicios públicos privatizados, punto en el que ha recordado que "el agua, la basura y el transporte público fueron privatizados con gobiernos del PP y ahora cuestan al ciudadano 30 millones de euros al año". "Se trata de arbitrar un cauce legal para controlar a las concesionarias, ya que gestionan servicios públicos básicos", ha explicado.

Por ello, la edil ha planteado la creación de una comisión de seguimiento y control de las empresas concesionarias de servicios en Jaén, que de un lado sirva para garantizar que las empresas cumplen con lo pactado en sus respectivos pliegos de condiciones y, por otro, que no se produzcan abusos ni en el ámbito laboral ni con respecto a los usuarios de estos servicios.

"El alcalde tiene que garantizar que las empresas presten un buen servicio a los 117.000 habitantes de Jaén, sin retrasos, con calidad y sin abusos en los precios, sabiendo a qué dedican cada euro de dinero público que reciben", ha apostillado.

Además, y aunque "el PP afirmó en su día que el plan de pago a proveedores serviría para garantizar los puestos de trabajo de muchas empresas", Mateos ha apuntado que "lo cierto es que una de las que más recibió, Imesapi, está a punto de despedir a sus trabajadores". A su juicio, las empresas deben estar obligadas a entregar información y documentación sobre su gestión y servicio y "no es tolerable" que en este caso "no abone salarios y despida a los trabajadores".

Al respecto, ha señalado que Aqualia, FCC, Castillo —encargadas del suministro de agua, limpieza y recogida de basuras y autobuses urbanos, respectivamente— y la propia Imesapi "nunca han sido objeto de auditoría alguna" y "necesitan ser inspeccionadas periódicamente" para comprobar aspectos como los servicios, relaciones y conflictos laborales, ámbitos de competencias o el cumplimiento de los pliegos de condiciones.

A

Favor de rescatar servicios

"Lo primero es garantizar un buen servicio, sin abusos a los ciudadanos y si para eso es preciso rescatar estos servicios, debe hacerse", ha defendido la portavoz de IU, para la que otra consecuencia de la privatización son las "carencias estructurales" y "prueba de ello", por ejemplo, es el informe que del CES sobre el transporte urbano "en el que se dice que las líneas de autobuses no están adoptadas a la realidad ni al crecimiento de la ciudad".

Así las cosa, ha considerado necesario destacar "con rotundidad" que la gestión privada de los servicios "es peor" que la pública y "se ha demostrado en estos años de privatización, ya que los servicios además de ser más caros son peores". En este sentido, ha aludido a declaraciones del propio Fernández "cuando en su día manifestó que era necesario poner firmes a las empresas concesionarias".

En base a esta necesidad, IU entiende que debe constituirse esta comisión de control y seguimiento formada por todos los sectores implicados y más cuando, en su opinión, el PP "nunca ha creído en la gestión pública, ecológica y social de los servicios y ahora se está poniendo de manifiesto con el conjunto de medidas privatizadoras que el Gobierno de Rajoy está desarrollando en torno a la salud y la educación".

"En medio de esta campaña por el despido en el Ayuntamiento es más necesario que nunca estudiar la posible municipalización de estos servicios, que fueron privatizados por el PP haciendo ganar millones de pesetas y euros a las concesionarias y encareciendo ostensiblemente el precio de los servicios, haciéndoles más difícil la vida a los jiennenses", ha concluido.