El Gobierno catalán ha anunciado este martes que lleva las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno central al Consejo de Garantías Estatutarias, paso previo a recurrir las tasas al Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado el portavoz en funciones del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha lamentado haber llegado a este "nivel de conflictividad" entre instituciones.

En referencia al recurso anunciado por el Consejo de Ministros al euro por receta, Homs ha denunciado el "sabotaje" del Gobierno "al imponer unos recortes" a Cataluña e impedir a la vez al Govern aplicar soluciones impositivas, que además "son medidas poco populares", en su lucha contra el déficit. En este contexto de "conflictividad", el Govern en funciones ha decidido llevar las tasas judiciales al Consejo de Garantías Estatutarias, paso previo a un recurso de insconstitucionalidad por una posible invasión de competencias.

"También interpondremos recursos ante el real decreto de sanidad, tras fracasar la posibilidad de diálogo, y probablemente haremos lo mismo respecto al real decreto de educación", ha agregado Francesc Homs. Además, el Ejecutivo catalán ha planteado un conflicto positivo de competencia al TC también por invasión de competencias en materia de cultura, en la concesión de ayudas a corporaciones locales.

El portavoz se ha referido así a los decretos aprobados en abril del 2012 sobre educación y sanidad que incluían un recorte de 10.000 millones de euros y sobre los cuales se planteó primero un proceso de diálogo institucional que no ha fructificado, por lo que el próximo paso es recurrir al TC, ha explicado Homs.

Homs ha denunciado que la "política lamentable" del Gobierno "con discursos de defensa de la Constitución" cuando "si alguien se salta la Carta Magna es el ejecutivo central", ha dicho.

Sobre las nuevas tasas judiciales, el Ejecutivo catalán plantea dudas sobre su constitucionalidad, ya que podría existir invasión de competencias del Estado, al exigir el pago de servicios que presta y financia la Generalitat. Por ello, el Govern ha pedido el informe jurídico del Consejo de Garantías Estatutarias, que dispone de un mes para emitir su dictamen de carácter preceptivo, mientras que el plazo para plantear el recurso ante el TC acaba el 21 de febrero del 2013.

En cuanto al conflicto en materia cultural, el Consejo de Garantías Estatutarias ya ha dictaminado la inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Estado de Cultura de agosto del 2012 que fija las bases generales que regula la concesión de ayudas a corporaciones locales para actividades culturales. En consecuencia, el Govern ha acordado este martes plantear un conflicto positivo de competencia ante el TC.