Una representación de las 36 familias que desde el pasado mes de mayo habitan un bloque de viviendas de renta libre en San Lázaro con el que no mantienen ningún vínculo jurídico, la 'Corrala Utopía', se reúne este miércoles de nuevo con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Fomento y Vivienda e Ibercaja, actual propietaria del inmueble, para tratar la situación de estas personas.

Así lo ha indicado a Europa Press un representante de estas familias, quien ha recordado que, en la última reunión, la titularidad del edificio se habría comprometido a no reclamar por vía judicial la ejecución del desalojo de las viviendas en cuestión, al objeto de que la negociación cuente con mayor margen de maniobra, aunque "no ha retirado la demanda" presentada en su momento por la ocupación.

Precisamente este martes una de las mujeres que residen en este edificio, Manuela Cortés, ha acudido a declarar ante el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla. La mujer se habría "autoimputado" en esta causa por la denuncia presentada la empresa que fuera propietaria del edificio en el momento en que se produjo la ocupación.

Según ha informado el representante de las familias, Cortés ha declarado ante el juez que el edificio fue forzado por "personas anónimas" y que cuando las familias se adentraron en el edificio "ya estaba abierto". Además, ha indicado que es "consciente" de que su actuación podría ser constitutiva de delito, pero ha afirmado que "tenía tres opciones: vivir en la calle, hacer lo que hizo o suicidarse", ha apuntado.

En la reunión de este miércoles, los vecinos volverán a solicitar que de forma "urgente" se restablezcan los suministros de luz y agua en este inmueble "mientras se encuentra una solución más definitiva".

Así, las familias esperan que el Ayuntamiento acuda con el anuncio de que la licencia de primera ocupación para este edificio está lista, ya que supone "el primer paso" para poder "regular la situación" de estas personas en el bloque. El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ya anunció en una rueda de prensa a finales de noviembre que se está ya "ultimando" esta licencia.