La "práctica totalidad" de los trabajadores de Mercasevilla, salvo los servicios mínimos, ha participado en la jornada de huelga, iniciada este lunes a partir de las 23,00 horas y que durará todo el martes, contra la liberalización de servicios que la empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, impulsa para la lonja de pescado, extremo que afecta a prácticamente la mitad de la plantilla del mercado central de abasto.

En este marco, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha explicado a Europa Press que la huelga se ha desarrollado "sin incidentes y con una tónica similar" a la de convocatorias anteriores, contando con el "apoyo de todos los trabajadores salvo los servicios mínimos". Señala que ha existido además "menos volumen" de pescado, "a pesar de estar tan cercanos los días de Navidad", y que los mayoristas han realizado los servicios "como otros días de huelga, con problemas".

Paralelamente, ha llamado la atención sobre lo que apunta como un "incumplimiento del reglamento de funcionamiento del mercado", ya que asegura que normalmente el pescado comienza a venderse a partir de las 5,00 horas, pasando la inspección veterinaria entre las 3,00 y las 4,00 horas. Sin embargo, advierte de que este martes se han estado vendiendo piezas "desde alrededor de las 2,00 horas, por lo que no se ha pasado la pertinente inspección".

Asimismo, cabe recordar que el calendario de movilizaciones, continúa además los días 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero en oposición a la "privatización" de servicios que amenaza a la lonja hispalense.

La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, promueve la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 miembros de la plantilla.

Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago"que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, porque los servicios que presta Mercasevilla estarían sujetos exclusivamente a las regulaciones estatales y no comunitarias.