El Tribunal de Cuentas ha detectado varias irregularidades en el llamado Plan E, que el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero puso en marcha para las corporaciones locales con una inversión de casi 8.000 millones de euros.

No obstante, debido al carácter "excepcional" del fondo, cuya aplicación ya está finalizada al centrarse en los ejercicios de 2009 y 2010, y en algunos casos en 2011, se considera "innecesaria la formulación de recomendaciones".

Son datos de un informe que el presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado ante la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que constata que los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos de ese Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo.

El desembolso final del Plan E fue de 7.836,16 millones de euros, cantidad que se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros. El fin consistía en realizar obras de competencias municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo, con la reactivación de la economía.

El plazo de 54 días para elaborar las propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una "limitación" para la "adecuada planificación", que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.

La contratación de trabajadores no se utilizó "como elemento decisorio para la selección de proyectos", dice el informe, que añade que tampoco se siguió la continuidad en sus puestos de los trabajadores.

Según el presidente del citado tribunal, "no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación" y algunas corporaciones destinaron el dinero para ejecutar proyectos previstos con anterioridad pero que no se habían llevado a cabo por falta de recursos.

El diputado del PSOE Gaspar Zarrías ha defendido este "programa ambicioso en un momento singular y excepcional", dada la escasez en ese momento de inversión privada en la economía.

Ha precisado que el Gobierno, del que él formaba parte entonces, entendía el valor de las políticas públicas como "herramienta útil" para la reactivación de la economía, por lo que tomó la "decisión política" de ponerlo en marcha "en un paisaje económico y social dramático".

El diputado del PP Eloy Suárez, por su parte, ha definido el Plan E como "una ocurrencia de 8.000 millones que no tenemos y que tendrán que pagar las generaciones futuras" y ha afirmado que provocó un déficit del 1,1% del PIB, que hubo que financiar con deuda pública.