El fiscal general egipcio, Talaat Ibrahim, ha presentado este lunes su dimisión del cargo, tras haber sido designado por el presidente egipcio, Mohamed Morsi, hace menos de un mes gracias a un polémico decreto constitucional, según fuentes oficiales.

La dimisión se produce después de que más de mil fiscales se manifestaran esta jornada frente a la Corte Suprema de Justicia en El Cairo y cercaran su oficina para pedir su renuncia, al considerar que el decreto presidencial que lo nombró supone una "violación de la independencia de la magistratura y una intervención en sus labores".

Los manifestantes acusan también a Ibrahim de no tratar los casos políticos con neutralidad y de ejercer presiones sobre los jueces que han rechazado supervisar el referéndum sobre la constitución.

En su escrito de renuncia difundido por la agencia oficial Mena, Ibrahim pide al Consejo Superior de Justicia que considere su petición de renuncia al cargo en su reunión prevista para el próximo domingo.

La elección de Ibrahim levantó una gran polémica en la judicatura, ya que fue designado de forma directa por Morsi a través de una declaración constitucional, cuando se trata de una prerrogativa reservada hasta ahora al poder judicial.

Ibrahim reemplazó al antiguo fiscal general, Abdelmeguid Mahmud, considerado por sus críticos como próximo al régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak. Pese a que Mursi revocó finalmente su declaración constitucional del 22 de noviembre, no anuló sus "efectos", entre los que estaba el nombramiento de Ibrahim.

Esta dimisión se conoce el mismo día en que la principal asociación de jueces del Consejo de Estado —órgano de la justicia administrativa— anunció que no supervisará la segunda vuelta del referéndum constitucional, prevista para el próximo sábado.

El juez Mohamed Hasan explica que los 2.400 miembros de este Club de Jueces aprobaron boicotear la consulta, lo que dificulta la celebración de la segunda ronda del plebiscito, ya que en la primera solo participaron un total de 6.666 magistrados.