Centenares de personas, unas 3.000 según las entidades convocantes, han recorrido este lunes las calles del centro de Murcia para protestar contra la no actualización de las pensiones y contra las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central, como la aplicación de las nuevas tasas judiciales.

La manifestación, que ha sido convocada por la Cumbre Social, que reúne a entidades sociales, culturales y políticas y de la que forman también parte UGT y CCOO, ha partido a las 18.00 horas desde la Plaza Fuensanta en Murcia y ha recorrido la Gran Vía y la avenida Teniente Flomesta para concluir en la Delegación del Gobierno.

Los manifestantes han completado el recorrido tras una pancarta en la que podía leerse 'Defiéndete. Contra el recorte de las pensiones. Contra las tasas judiciales. Contra los expedientes de despido salvajes. Contra las privatizaciones'.

Los participantes, equipados con pancartas y banderas sindicales, han entonado durante la marcha cánticos contra el Gobierno de España, al grito de "que se vayan, queremos que se vayan"; "Rajoy vete ya"; y "esto nos pasa, por un gobierno facha".

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha criticado que la no actualización de las pensiones es una medida "regresiva" que no estaban incluida en el programa electoral.

Se trata, ha dicho, de una medida que "perjudica a muchísimos miles de ciudadanos, y más en estos momentos de crisis, no sólo a miles de pensionistas, sino a cientos de familias que viven ahora mismo con el soporte y la cobertura económica de una pensión".

Ha censurado que el Gobierno de España "ha vuelto a perpetrar esta nueva medida de injusticia" a golpe de Real Decreto Ley, sin "diálogo social, sin ningún tipo de consenso ni participación". En su opinión, esto es "innecesario", y ha recordado que se trata de un "derecho adquirido de los pensionistas desde el 1 de enero de 2012".

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo central, con esta medida "tan regresiva" que afecta en la Región a 241.000 pensionistas, ha extraído de los bolsillos de las familias de los pensionistas "nada más y nada menos que 3,2 millones de euros".

Por su parte, el secretario general de CCOO en la Región, Daniel Bueno, ha reprochado que el Gobierno de España "no sólo incumple una y otra vez sus promesas electorales", sino que, además, "incumple la legislación vigente, la altera unilateralmente y con carácter retroactivo, algo que está prohibido expresamente por la Constitución".

Y todo ello, en su opinión, con el único objetivo de "crear una sociedad dual, cada vez más fracturada donde sólo una minoría que tiene capacidad económica accede de forma plena a todos los servicios y derechos, y donde la mayoría de la población, atizada por el paro y el desempleo, no puede acceder a prestaciones o servicios básicos como la Justicia".

Por tanto, ha vuelto a demandar "una rectificación, un cambio profundo en estas políticas que son terriblemente antisociales, y que están generando una división en esta sociedad, absolutamente inaceptable de cara al futuro".

El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha considerado que se trata de una protesta "absolutamente justificada" porque se ha practicado "un robo a mano armada a los pensionistas" que ven cómo pierden "un poder adquisitivo importante".

En concreto, ha recordado que los pensionistas "pierden casi dos puntos ahora, pero no consolidan esa paga extra a la que tienen derecho y que han venido ganando a lo largo del año para equiparar el IPC con la subida que les hicieron".

Ha remarcado que los pensionistas "han perdido mucho más poder adquisitivo que con toda la crisis y con todas las actuaciones del PSOE". Asimismo, ha añadido que la revalorización de las pensiones es un derecho que el PSOE va a llevar al Tribunal Constitucional, porque "es inadmisible que se aplique un recorte de este tipo con carácter retroactivo".

Por su parte, el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha manifestado que su presencia en la manifestación busca "defender los derechos del conjunto de trabajadores del país, y no sólo de los pensionistas, sino de todos aquellos que lo van a ser en el futuro, y que se ven inevitablemente afectados".

Pujante también ha censurado "la inaceptable subida e implantación de nuevas tasas judiciales, que van a suponer, en definitiva, que la Justicia sea para los ricos y exclusivamente para aquellos que tienen poder y capacidad económica".

"Para los pobres no va a haber posibilidad, en definitiva, de poder ejercer de una forma digna la Justicia", según Pujante, quien considera que esto es "completamente inaceptable" y "vulnera la Constitución Española de forma clara".