La Cumbre Social en Castilla y León, a través de su Permanente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de la Comunidad para que vuelva a salir a la calle este lunes al objeto de secundar las distintas manifestaciones convocadas para mostrar su rechazo a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy y materializadas en la Ley de Tasas Judiciales, más conocida por 'tasazo', y la no revalorización de las pensiones.

Dichas manifestaciones se desarrollarán a partir de las 19.00 horas, como, entre otras, la de Valladolid, que tendrá como punto de partida la Plaza de Colón y, tras recorrer las principales calles del centro, culminará en la Plaza de la Universidad, ya que la Plaza Mayor, escenario habitual elegido para la conclusión de este tipo de actos, se encuentra inhabilitada con motivo de la feria navideña.

Tras el encuentro de la Permanente mantenido en Valladolid en la nueva sede del Consejo Económico y Social (CES), sus portavoces, los secretarios regionales de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Ángel Hernández, respectivamente, así como el líder en la Comunidad de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Martín, han justificado esta nueva movilización, continuación de la huelga general del 14-N, en el empecinamiento del PP y del Gobierno de Rajoy de seguir con sus "despropósitos y aplicando todavía más recortes sociales".

Así lo ha denunciado Prieto, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que el último colectivo en sufrir los rigores de esa política centrada exclusivamente en la contención del déficit es ahora el de los pensionistas, en concreto 600.000 personas en Castilla y León que están ya al límite por tener que asumir la manutención de sus hijos y el pago de sus hipotecas y que ahora, además, se verán privados de unos 130 millones de euros como consecuencia de la no revalorización de sus pensiones.

130

Millones fuera de circulación

"La repercusión económica va a ser muy grande", ha advertido el sindicalista, mientras que su homólogo en CC.OO, Ángel Hernández, ha abundado en el hecho de que ese dinero que dejarán de ingresar los pensionistas tampoco se pondrá en circulación para activar el consumo.

Pero además, Hernández ha precisado que esta nueva convocatoria no sólo tiene por destinatarios a los pensionistas, como consecuencia del incumplimiento del pacto alcanzado en 1996 entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los agentes económicos y sociales que establecía, por ley, el sistema para revalorizar las pensiones, algo que será recurrido ante el Tribunal Constitucional, sino a todos los trabajadores en general, ya que el PP pretende también acabar con la flexibilidad del sistema de pensiones en lo concerniente al acceso a la jubilación.

En este sentido, el líder de CC.OO ha denunciado la pretensión del PP de "penalizar" tanto el acceso voluntario a la jubilación a partir de los 61 años como a la anticipada a los 63, "algo que afecta a todos por cuanto está alterando nuestras perspectivas de jubilación. El único colectivo que queda ya por movilizarse es el de los cargos públicos del Partido Popular".

Las movilizaciones de este lunes tendrán también como objetivo denunciar la reciente aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, algo que, en palabras del portavoz en Castilla y León de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Martín, supone "un ataque a la tutela judicial efectiva, un claro retroceso y una limitación al libre acceso de la jurisdicción", lo que, en opinión de todos los integrantes de la Permanente de la Cumbre Social, derivará en una "Justicia para ricos y otra Justicia para pobres".

Por ello, los portavoces de las diez organizaciones que integran la Comisión Permanente de la Cumbre Social, en representación de los 51 colectivos que componen dicho movimiento, han insistido en la necesidad de que todos los ciudadanos de Castilla y León participen el próximo lunes en esta nueva movilización para testimoniar su rechazo a la política del Gobierno popular.

Junto al calendario de movilizaciones, la Cumbre Social tiene prevista a partir de enero la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas en la Comunidad con el fin de exigir un referéndum consultivo de todos los ciudadanos sobre los recortes que "están cambiando la realidad del país y la vida cotidiana de sus habitantes".