El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la sentencia del Tribunal Superior Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 20 de enero por la que se anularon varios artículos del Decreto de Adjudicación de las viviendas de promoción pública del Ejecutivo regional.
Según el sindicato Comisiones Obreras Canarias (CCOO), que ha hecho público el fallo del Tribunal Supremo este viernes, la sentencia del 21 de noviembre avala las irregularidades del decreto.
Así, se hace hincapié, por ejemplo, en que el sorteo no garantiza el acceso a las viviendas de las familias más necesitadas y se debe baremar la puntuación de los solicitantes, y que el criterio de adjudicación de las viviendas vacantes no es objetivo ni transparente porque no se da publicidad ni concurrencia.
La sentencia también obliga al Gobierno de Canarias a asumir las costas del proceso.
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