Los titulares de todas las defensorías del pueblo autonómicas, así como el adjunto primero a la Defensora del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, han elaborado un documento conjunto en el que reclaman a los poderes público una docena medidas urgentes que paren la "dramática" situación de los desahucios que a diario provoca situaciones "profundamente dolorosas".

En una reunión mantenida en la sede de la Procuradora General de Asturias, los diferentes representantes autonómicos han puesto en común el trabajo desarrollado para dar respuesta a los desahucios y han coincidido en la "urgencia" de adoptar medidas "justas" ante el "insuficiente" decreto planteado por el gobierno en esta materia.

El establecimiento de los supuestos en los que se podrían acoger a la dación en pago los deudores como uno de los medios posibles para liquidar la deuda hipotecaria o instar a las entidades rescatadas a destinar las viviendas protegidas de su titularidad al alquiler social, son dos de las medidas incluidas en la lista elaborada y suscrita por los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Canarias, Aragón, Valencia, Castilla y León, Navarra, Murcia y Asturias, junto al adjunto primero a la defensora del Pueblo de España.

Pero además se propone ampliar los supuestos de los beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución hipotecaria,; promover el alquiler social; extender las medidas de protección a los locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor o regular un sistema de reestructuración de deuda entre otros.

La Procuradora del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, ha sido la encargada de leer el manifiesto y ha resaltado que se trata, en definitiva, de "hacer una llamada urgente a los poderes públicos para que adopten de manera inmediata medias que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna".

Rescate de personas

En este sentido, el Síndic de Greuges de cataluña, Rafael Ribó, ha indicado que lo más urgente es promover "un cambio de 'chip' porque se habla del rescate bancario y no se ve un esfuerzo proporcional para el rescate de las personas".

El defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha llamado la atención sobre los colectivos más vulnerables, tales como los niños o los mayores que pierden sus viviendas por avalar a sus propios hijos, casos que a su juicio "no se pueden permitir".

Por su parte el Valedor do Pobo de Galicia, José Julio Fernández, se ha mostrado confiado en que los poderes públicos respondan a esta llamada de atención y ha dicho sentirse "moderadamente optimista".

Fernández Marugán ha insistido en la necesidad de "dar una segunda oportunidad" a los deudores de "buena fe" y ha destacado que las medidas adoptadas hasta ahora han sido claramente insuficientes.