La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la licencia otorgada en 1999 por el Ayuntamiento de Andratx, por la que esta semana ha sido juzgado de nuevo el exjefe municipal de Urbanismo y exdirector general del Govern Jaume Massot, era "radicalmente contraria a pleno derecho", puesto que se utilizó para construir, a partir de unas ruinas de cuadras y corrales que había en terreno protegido, una vivienda de nueva planta.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la exposición de su informe el fiscal Juan Carrau al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que la acusación pública ha rebajado de cuatro años y medio a uno la petición de cárcel para el exalto cargo del PP, quien ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otras dos piezas separadas del caso Andratx.

Asimismo, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la letrada Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento 'andritxol', han retirado las acusaciones que pesaban sobre el extécnico jurídico municipal Ignacio Mir, mientras que la Fiscalía solicita en su escrito de calificación definitivo dos años de prisión para el propietario del terreno, Gaspar Moner, y para el excelador Jaime Gibert, así como un año y medio para el promotor de las obras Jerónimo Arbós.

En su intervención ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, Carrau, quien ha modificado sustancialmente el relato de los hechos, ha hecho hincapié en el papel que jugaron tanto Arbós como Moner, y respecto al primero ha apuntado que participó en la construcción del inmueble tras haber falseado su proyecto básico, "una tapadera que presentó para dar cobertura a la licencia a sabiendas de que no se podía construir ahí".

En cuanto al propietario de la parcela, ha aseverado que es quien habitaba la vivienda, "no es una persona que pasaba por allí ni en absoluto ajena a las obras". En su exposición de los hechos, el fiscal ha recordado cómo el Tribunal Supremo ya confirmó la sentencia condenatoria de la pieza 56 de esta causa por haber sido construido un inmueble en terreno protegido tras haber sido obtenida la licencia de forma irregular.