Los partidos de la oposición minoritaria en el Congreso han cerrado filas este jueves en contra de la convalidación del decreto ley de Medidas de consolidación y garantía del Sistema de Seguridad Social, en el que se aprueba la no revalorización de las pensiones a la inflación de noviembre, acusando al Gobierno de "mentir" a los jubilados españoles y de incumplir la legislación y también la Constitución, razón por la que presentarán un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional (TC).

Tras oír los argumentos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacando que pese a la coyuntura económica y la necesidad de cumplir el déficit el Gobierno ha optado por incrementar un 1% las pensiones —un 2% las que no llegan a los mil euros—, los partidos minoritarios han argumentado que el debate no versa sobre cuánto suben las nóminas de los pensionistas, sino sobre el incumplimiento de la Ley de la Seguridad Social.

Y es que la normativa vigente en materia de pensiones obliga a compensar a los pensionistas la desviación de la inflación, un derecho que se empieza a devengar en enero y se consolida en noviembre, cuando se conoce el IPC, por lo que no cumplir con este precepto es inconstitucional ya que supone aplicar una decisión de forma retroactiva, según argumenta la oposición.

Gobierno "truhán"

Así, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha criticado el "estilo autoritario" del Gobierno, que con esta medida "perpetra una estafa, un nuevo engaño" a los pensionistas, además de burlar al Congreso, después de que el Grupo Popular votara con el resto de la Cámara una moción a favor de la revalorización, apenas un mes antes de decretar lo contrario.

"El PP hace trampas, como siempre. Lo que se plantea no es que sea injusto o no, que es una valoración moral, ética y social; sino que están aplicando una ley de manera retroactiva, de manera contraria a la Constitución. Por supuesto que la ley se puede modificar, pero no con carácter retroactivo, No lo quieren entender porque quieren confundir a la ciudadanía", ha afirmado.

Además, ha acusado al Ejecutivo de "manipular" el IPC "en consorcio con las petroleras" para tratar de reducir lo máximo posible la inflación de noviembre a través de los precios de los combustibles. "Ya no sólo mienten, son ustedes unos truhanes", ha dicho, punto en el que la 'popular' Celia Villalobos, que ocupaba en ese momento la Presidencia de la Cámara, le ha llamado al orden por considerar ese adjetivo "malsonante".

"Explique a la ciudadanía la próxima fechoría que nos tiene preparada: un hachazo a la jubilación anticipada. No han sido capaces de presentarnos ningún argumento que lo justifique, argumentan sólo en base a la teología de la fe de que hay que recortar la Seguridad Social porque eso nos hará más felices a todos. Pero el Estado social se ha creado durante años de lucha social, así que no lo destruyan en una sola legislatura", ha zanjado.

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Por qué no recurrió el pp la congelación de zapatero?

Por su parte, la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha justificado el rechazo de su grupo a la convalidación y su apoyo al recurso de inconstitucionalidad en que la medida, "además de injusta, vulnera la Constitución", y se ha preguntado "por qué el PP no recurrió" ante el TC la congelación de las pensiones decidida por el Ejecutivo socialista en 2011, a la que la formación magenta se habría sumado.

"El problema no son tanto las medidas como las mentiras", ha dicho, espetando a la ministra que si han mantenido durante semanas que se cumpliría la ley ha sido "porque había procesos electorales en marcha" y afeándole que se haya saltado el Pacto de Toledo y la concertación social. "Si tienen más medidas previstas de aquí a final de año de recorte de las pensiones tengan el valor de advertirlo, de decirlo antes de hacer el decreto", ha reclamado.

"han jugado con los pensionistas"

Carles Campuzano, de CiU, ha criticado tanto la forma de aprobación del decreto, sin pasar por el Pacto de Toledo como es preceptivo, como por el fondo, que supone "empobrecer" a los pensionistas "cada día mas y encima en un momento en que muchas familias sobreviven por las pensiones de los abuelos".

"Ustedes han jugado con los sentimientos, con las inquietudes, de los pensionistas. Le instamos a que rectifiquen y recuperen el espíritu y la lógica del Pacto de Toledo. La gravedad de la crisis no justifica que el Gobierno deba imponer sus decisiones en esta materia en solitario", ha añadido.

Su homólogo del PNV, Emilio Olabarria, ha calificado de "reiteradas mentiras" las afirmaciones del Gobierno para "lo que al final ha sido un incumplimiento legal y constitucional". "Es algo casi apocalíptico lo que están haciendo con los jubilados. No va a haber sitio en las calles para tantas manifestaciones de tantos colectivos sociales a los que se les están negando derechos. No sé si les queda algún colectivo al que ofender", ha ironizado.

Ante el "empobrecimiento colectivo" que provocará esta medida, que además ahondará a juicio del PNV en la retracción económica al limitar un consumo muy apoyado en las pensiones, Olabarria ha acusado al Gobierno de haber mentido "no una, sino en doce ocasiones" y ha asegurado que recurrir al TC es "un requerimiento moral".

Rechazo en el grupo mixto

Entre las formaciones del Grupo Mixto el rechazo ha sido generalizado. El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha calificado el recurso de "imprescindible" para "visualizar ante la ciudadanía el hachazo que significa llevar a cabo este decreto". Además, ha preguntado "cómo se garantizará que los derechos que hoy se arrebata a los pensionistas serán restablecidos cuando se recupere la sostenibilidad presupuestaria", señalando que en realidad la medida es "un paso más hacia la destrucción del sistema público de pensiones".

Olaia Fernández Davila, del BNG, ha insistido en que este decreto "se carga el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo y las cautelas para el uso adecuado del Fondo de Reserva". "Con este decreto los ciudadanos no sabemos qué derechos están consolidados y cuáles no, porque una semana de cada dos el PP ha decretado pérdidas de derechos de los ciudadanos. Están decidiendo cosas completamente contrarias a las que le dicen a los ciudadanos que van a hacer", ha zanjado.

Joan Baldoví, de Compromís, ha coincidido en que esta medida "asfixia a la gente un poco más" y que con este decreto "se superan a sí mismos y vuelven a mentir un poco más"; mientras que Pedro Quevedo, de CC-NC, ha calificado el decreto como "el incumplimiento de los incumplimientos". "Dan un golpe de muerte a los pensionistas dentro de una ofensiva general contra el Estado del bienestar", ha añadido.

Por parte de Amaiur, Sabino Cuadra también ha dicho que estos "recortes" estaban "decididos desde hace tiempo" pero el Gobierno "ha esperado a que pasaran las elecciones" para anunciarlo. "Para ustedes todo vale, juegan con la gente, representan lo peor de la política, mienten más que hablan y afectan, y no sólo con esta medida, a uno de los colectivos más débiles de la sociedad", ha añadido.

Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) ha coincidido en que "el Gobierno ha cruzado la última línea roja que le quedaba en su espectacular récord de incumplimientos electorales", responsabilizando directamente al presidente Rajoy de haber "perdido el tiempo en trucos de imagen" por motivos electorales.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha anunciado su abstención porque aunque las pensiones "deberían ser la última partida que tocar", no se puede sortear "este descenso vertiginoso a los infiernos sin medidas difíciles", lamentando finalmente la "incapacidad institucionalizada" de llegar a acuerdos.