Los usuarios con consumos superiores a la medida en su factura de la luz serán los más penalizados por una nueva medida que prepara el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que empezará a aplicarse el 1 de enero de 2013 y que contempla que el precio del kilovatio hora puede multiplicarse hasta por ocho.

Se trata de un mecanismo de progresividad para la parte regulada del recibo de la luz, que contempla que los consumidores con potencias de hasta 7 kilovatios (kW) pueden pasar de pagar 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) en caso de los menores consumos a un 700% más, esto es, 0,01104 euros por KWh, en el tramo de mayor consumo.

Así queda reflejado en la orden de peajes eléctricos para el primer trimestre de 2013. El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares "no se prevé elevado", al tiempo que la medida "contribuirá a impulsar un consumo de energía eléctrica más responsable", señala Industria.

En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final.

Industria señala en la memoria económica que la subida "nula" de peajes no provocará "alteraciones sobre el IPC" ni "por tanto sobre la competitividad de la economía española".

Por otro lado, la orden ministerial vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre.

Estos consumidores, generalmente administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo.

Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo.

Industria ha recogido, además, en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. De esta forma, será los consumidores eléctricos, mediente la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables.

En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.

En la memoria económica de la orden también consta que el déficit de tarifa en el sector eléctrico, que se produce desde hace años porque los ingresos obtenidos a través del recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema, alcanzará los 1.951 millones de euros en 2012.

Esto supone 451 millones de euros más que el tope legal y se debe a la imposibilidad de cargar los extracostes de la actividad eléctrica de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para 2013, Industria confía en cumplir el objetivo de que el déficit sea cero, pero para ello cuenta de nuevo con que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE, con ingresar 450 millones con las subastas de CO2, con 3.000 millones con la nueva fiscalidad eléctrica y con 2.270 millones en concepto de unos "ingresos extraordinarios" sobre los que no ofrece detalles.