El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte afirma que su "intención" es no reducir el número de beneficiarios de las becas del programa de intercambio europeo Erasmus, pese a la reducción del 42 por ciento de la partida para 2013, que ha pasado de 35 millones a 15,2.

En una respuesta parlamentaria al diputado de UPyD Irene Lozano, que preguntó al Ejecutivo cuántos estudiantes no podrán acogerse el año que viene a una beca Erasmus tras el recorte en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el departamento de José Ignacio Wert señala que no dispone todavía de información para el periodo solicitado.

No obstante, justifica en este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Gobierno está llevando a cabo un "importantísimo esfuerzo económico" para mantener una "apuesta real" por la educación y para cumplir con el compromiso de reducción del déficit de la Unión Europea. Asimismo, apunta que las becas generales son para este departamento una "prioridad".

El Ministerio de Educación señala también que es su responsabilidad asegurar que las becas y ayudas, también las Erasmus, puedan desarrollarse con "absoluta garantía" y que está trabajando para asegurar unas buenas condiciones para la participación de alumnos españoles en este programa.

En otra respuesta parlamentaria, esta vez al diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, el Gobierno apuesta por trasladar a la Comisión Europea que tenga en cuenta la "buena" gestión de España de las becas Erasmus —mayor emisor y receptor de becarios de los 27 países miembros— a la hora de establecer los criterios de reparto de los fondos. Además, indica que la Comisión ha confirmado que los estudios que están elaborando internamente van en esa dirección.

Respecto a las diferencias existentes entre comunidades autónomas en este programa, el Ejecutivo recuerda que las competencias en materia de educación están transferidas, y que son las autonomías las que asignan las cuantías de ayudas correspondientes.

No obstante, para el futuro programa Erasmus for All, el Gobierno indica que "podría recomendar" que las comunidades tengan en cuenta criterios que la Comisión Europea aplicará en el nuevo programa, entre otros, el coste de vida del país de destino y la distancia entre capitales.