La diputada regional y portavoz de Cultura del PP en el Parlamento de Cantabria, Tamara González, ha denunciado que el Gobierno del PSOE-PRC "antepuso la foto al rigor" en la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas y "prefirió la publicidad y la imagen a asegurar la viabilidad futura y la sostenibilidad de un referente histórico y cultural de primer orden para todos los cántabros al no realizar las actuaciones prioritarias que recomendaban los técnicos".

González ha respondido así este miércoles a la diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, quien ha acusado al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), de "abrir la puerta a la especulación" en los terrenos de la Pontificia de Comillas.

Según la portavoz de Cultura 'popular', su partido trabaja "desde el primer minuto en subsanar las chapuzas de socialistas y regionalistas", actuando con "ahínco" y "responsabilidad" en la preservación de este Bien de Interés Cultural "amenazado por la falta de conservación y la desidia de los gestores anteriores", y ejecutando las obras necesarias para conseguir la estabilización estructural del edificio del Seminario Mayor que, con carácter de emergencia, aconsejaban los informes técnicos.

Y es en este contexto en el que, según ha defendido González, se enmarca la propuesta efectuada por Diego de obtener fondos para la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas mediante la puesta en el mercado de una parcela que, de acuerdo con el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) redactado por el Gobierno PRC-PSOE, no forma parte del conjunto arquitectónico a restaurar.

"Ni se trata de especular ni de malvender, como torticeramente apunta la diputada socialista, sino que el importe que se obtenga de esa venta permitirá seguir rehabilitando el conjunto arquitectónico en su totalidad", ha subrayado la parlamentaria, quien además ha recordado a Puerto Gallego que fueron precisamente socialistas y regionalistas los que, entre las actuaciones contempladas en su proyecto plantearon, junto a la demolición de varios edificios del conjunto arquitectónico, la reparcelación de todo el Campus de Comillas, otorgando a dicha parcela un "uso residencial" para profesores.

De este modo, la portavoz de Cultura PP ha censurado que los socialistas quieran "aprovecharse políticamente" del estado en que se encuentra este legado arquitectónico y cultural, cuando precisamente su situación responde a la "negligencia" del Gobierno PRC-PSOE, que en 2007 "comenzó la rehabilitación por la parte más fácil y visible de todo el edificio, en lugar de por las que peor estado presentaban desde el punto de vista estructural como recomendaban los informes técnicos solicitados por el anterior equipo directivo de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC), es decir, por el del PSOE".

"Resulta cuando menos curioso que, pese a que dicho informe técnico, fechado en enero de 2007, ya indicase con precisión lo que iba a ocurrir de forma inminente, sea ahora, en 2012, cuando al PSOE le empiece a preocupar una situación ya anunciada varios años antes", ha apostillado la parlamentaria del PP.

"¿Si tanto le importaba al PSOE la Universidad Pontificia de Comillas por qué acometió las obras de rehabilitación de una forma tan imprudente?", se ha cuestionado González, quien ha recordado que de las tres fases en que el PSOE dividió la rehabilitación "integral" del edificio, "dejó la obra de la primera fase —la más fácil y visible— realizada y sin pagar y las de la segunda y la tercera fase adjudicadas y sin presupuesto".

No obstante, "para la tranquilidad de los socialistas cántabros", González ha señalado que el Gobierno del Partido Popular ha realizado los trabajos necesarios para conseguir asegurar la estabilidad de la estructura interna del edificio, eliminar los escombros ocasionados por el derrumbe de abril, asegurar la estabilidad de los muros del inmueble en las secciones que presentan mayor riesgo de colapso, y disponer un adecuado sistema de monitorización que permita analizar el estado real de la estructura y su evolución en el tiempo de forma continua.

Una actuación cuyo coste, según ha indicado, alcanza 1.265.917 euros y que ha sido abordada "con responsabilidad" por el Gobierno a pesar de la difícil coyuntura económica actual.

"De modo que el Gobierno de Ignacio Diego está actuando con responsabilidad, porque responsabilidad no es adjudicar una obra para luego no ejecutarla poniendo en riesgo su integridad; responsabilidad es actuar con rigor en defensa de los intereses de los cántabros como está haciendo el Ejecutivo del Partido Popular", ha finalizado.