Alrededor de un centenar de empleados públicos han exigido este miércoles a la Junta de Castilla y León que "combata el despilfarro y el malgasto de dinero", al tiempo que han instado a las Cortes autonómicas a "asumir su tarea de control al Gobierno", en lugar de limitarse "a la tarea legislativa" y hacer "dejación de funciones" en la primera.

Dichos trabajadores se han concentrado frente al Parlamento regional con motivo de la celebración del último pleno antes del que tendrá lugar la semana próxima para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC), en los que han reclamado que se incluyan medidas encaminadas a evitar ese "derroche".

Uno de los portavoces de este movimiento asambleario surgido "al margen de los sindicatos", Quinín Martínez, ha abogado por "eliminar la Administración B", como "empresas públicas, fundaciones, institutos o consorcios", que actualmente "suman 52" y cuyas competencias ha pedido "devolver a la Junta", la cual cuenta con "empleados públicos suficientes para cumplir esta tarea".

Asimismo, ha acusado a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de cometer "un delito" al consentir este "derroche", por lo que le ha pedido que, en lugar de suprimir doce de estas entidades como ha anunciado, "suprima también las otras 40".

Por otro lado, ha exigido la cancelación "de todas las privatizaciones", entre las que ha incluido el servicio de atención telefónica del 012 o de cita previa en Sacyl. "Algunos empresarios se están haciendo ricos a costa del dinero de todos, hacen negocio con la crisis", ha lamentado.

Finalmente, ha llamado ha recortar "en altos cargos", ya que su número "sigue aumentando" mientras "se destruya empleo en la base", por lo que ha comparado la Administración regional con una "pirámide de Gizeh invertida".