El Tribunal Constitucional
Fótografos y Cámaras de televisión frente al edificio del Tribunal Constitucional. Juan M.Espinosa / EFE

Los 67.000 funcionarios de la administración pública vasca no van a cobrar finalmente la paga extra de Navidad, después de que el Ejecutivo autonómico en funciones haya acatado la decisión que ha tomado este martes el Tribunal Constitucional de suspender el abono de esta paga.

Tras meses de incertidumbre estos trabajadores públicos han visto desvelada esta jornada la incógnita de si contarían o no con esta paga extra, cuya retirada decretó el Gobierno de Mariano Rajoy dentro del paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Ejecutivo de Patxi López ya había dado la orden de que los funcionarios vascos la cobrasen el día 20 de este mes e incluso, por un "error" más de 2.000 ya lo habían hecho, pero este martes el Constitucional ha aceptado el conflicto de competencias planteado por el Gobierno central y ha paralizado su abono.

Una vez analizada esta decisión judicial, el Gobierno vasco ha optado por acatarla por "respeto al sistema democrático y a las decisiones jurisdiccionales", aunque ha dejado claro que no la comparte. Por ello, ha anunciado en un comunicado que en el momento en el que se reciba oficialmente la notificación judicial, adoptará" las medidas necesarias para su debido cumplimiento", lo que supone en la práctica que sus funcionarios no percibirán la extra de Navidad.

Recurrirá la decisión del Constitucional

El Gabinete de Patxi López ha insistido en que ha actuado en esta materia "con total responsabilidad y coherencia y defendiendo hasta el final las competencias atribuidas a la comunidad autónoma".

El Ejecutivo de Vitoria tiene ahora 20 días para recurrir el acuerdoAsimismo, ha confirmado que recurrirá la decisión del alto tribunal por considerarla "infundamentada" y ha hecho hincapié en la "solidez de los argumentos políticos y jurídicos" en que ha basado su postura sobre este conflicto, por lo que ha vaticinado que en los próximos meses el Constitucional levantará la suspensión cautelar y fallará a favor de las tesis del País Vasco.

El Ejecutivo de Vitoria tiene ahora 20 días para recurrir el acuerdo y, en caso de presentar alegaciones, este tribunal dispondría de cinco meses para ratificar su acuerdo o levantar la suspensión del pago de la extra.

La decisión sobre la paga extra se produce un día antes de que Iñigo Urkullu (PNV) sea designado lehendakari y a pocas jornadas de que se conforme el nuevo Gobierno vasco al que, en todo caso, le correspondería presentar el citado recurso.

La previsión de Urkullu es que los funcionarios vascos puedan cobrar en enero la paga de verano de 2013, medida similar a la adoptada en la Diputación de Bizkaia y en el Ayuntamiento de Bilbao, ambos gobernados por el PNV.

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