La junta de personal y el comité de empresa del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha exigido este martes a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, que mantenga el convenio de inserción de la institución insular con el IMAS sobre las personas con discapacidad y que no privatice este servicio.

Según han informado en un comunicado, la privatización del servicio supondría perjudicar el colectivo del personal de personas discapacitadas que se pretende insertar laboralmente. Asimismo, señalan que la privatización supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales.

Por otro lado, han criticado que un informe de la institución recomiende que los servicios se desarrollen por una empresa privada, llegando a manifestar que "la Fundación Pimem podría estar interesada".

Los trabajadores han recordado que el convenio marco entre el Consell y el IMAS, consolidado desde el 2008, beneficiaba a personas con discapacidad psíquica y, concretamente, insertaba laboralmente a tres personas en jardinería y cuatro en limpieza.

Así, consideran que "es un grave incumplimiento de las funciones que debe desarrollar el Consell de Mallorca, una externalización injustificable, y no sabemos con qué intereses".