La Comisión Interasociativa de Conflicto Autonómica de la Región de Murcia, compuesta por los representantes de las cuatro Asociaciones de Jueces y las dos de Fiscales ha acordado convocar a todos los jueces y fiscales a que se sumen, de forma mayoritaria, al paro de una hora que se llevará a efecto el próximo miércoles, 12 de diciembre, de 12.00 a 13.00 horas.

La Comisión ha adoptado esta decisión, tras valorar la situación actual en la que se encuentran y "preocupados" por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que el sistema constitucional establece.

En este sentido, exige la retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que "perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica".

Asimismo, la Comisión exige que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal, y muestra su rechazo a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

Igualmente, exige autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para "garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal", así como el aumento de la planta con Jueces y Fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea.

Igualmente, la Comisión exige "una justicia profesional dotada de los medios humanos y materiales necesarios; la determinación definitiva de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad; y la adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías".

Asimismo, la Comisión de jueces y fiscales exige "unas Tasas judiciales que no limiten el acceso de los ciudadanos a la Justicia".

Con estas propuestas ha hecho un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos, recordando que la Justicia "no puede ser vista como un problema, sino como elemento esencial de la solución".

En este sentido, la Comisión muestra su disposición, por su "conocimiento cualificado", a aportar "mejoras en la legislación de Justicia para obtener una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, una Justicia ágil que al favorecer la seguridad jurídica ayude a la reactivación económica".

Por último, pide a la ciudadanía "que asuma la defensa de la justicia y su independencia, como garantía de sus derechos y libertades".