Los trabajadores encerrados en el Hospital General de Valencia han iniciado este martes una recogida de firmas para evitar la "privatización agresiva" de servicios en este centro sanitario, según ha informado el comité de empresa en declaraciones a Europa Press.

El Comité de Empresa del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia decidió encerrarse el lunes durante 48 horas pero mantiene abierta la posibilidad de alargar este plazo. Mañana miércoles, a las 12 horas, cuando concluye el encierro, se celebrará una asamblea donde se analizará la protesta y se decidirá si continúan.

Los empleados se van relevando en el salón de actos, epicentro de esta protesta. Según ha comentado el comité, la reivindicación está recibiendo un "apoyo masivo" del sector sanitario.

Hasta el momento el comité de empresa ha conseguido reunir unas 500 firmas y espera llegar hasta las 2.000 o 2.200 rúbricas (la plantilla del centro sanitario consta de 2.500 trabajadores). Una vez logradas las firmas, los representantes del comité buscarán acuerdos con el Consorcio y con la Generalitat.

El comité de empresa, en el manifiesto difundido ayer lunes, señala que el modelo privatizador de gestión público/privada, que hace suyo el Hospital General, "abre las puertas a la privatización de la salud de los ciudadanos".

Con este cambio, "se inicia el camino para que en hospitales públicos se potencie la medicina privada" y "pasaremos de tener una sanidad pública ejemplar a unos servicios sanitarios cuya excelencia dependerá de los recursos económicos del usuario", agrega el documento.

"ganan" las compañías privadas

Ante esto, el comité muestra su "profunda convicción" de que "privatizar a trozos" la sanidad pública "no resuelve el problema de la falta de liquidez" de la administración y que, "en todo caso ganan" las compañías privadas que lo llevan a cabo y pierde la ciudadanía".

También explica que el Consorcio hospitalario quiere "aglutinar en un único gestor privado lo ya privatizado" y "extender su influencia" a otras áreas" como quirófanos, compras, farmacia, esterilización, entre otras.

Para el comité, las políticas de externalización de servicios que prestaban los trabajadores públicos "han mermado su calidad al ser competencia de las empresas privadas y han aumentado los costes" y apunta que estas externalizaciones se dan en instalaciones "pagadas por todos los ciudadanos o donadas por personas altruistas", que son utilizadas "para enriquecer a quienes de la sanidad hacen un negocio económico".