La secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, se ha reunido este martes con los responsables de la empresa Conservas del Noroeste S.A. (Connorsa) para abordar la tramitación de la segunda modificación puntual de las normas subsidiarias de Vilaboa (Pontevedra), vigentes desde 1988, con el fin de poder ampliar las instalaciones de la compañía.

La modificación puntual, según explica la Xunta en un comunicado, fue impulsada por el Ayuntamiento de Vilaboa, después de que la empresa demostrase a la administración local "la necesidad de ampliar sus instalaciones para poder continuar su actividad dentro del municipio".

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ya visitó esta firma el pasado mes de octubre y se comprometió a agilizar la tramitación para ampliar en 20.000 metros cuadrados este suelo, recuerda la nota de la Xunta.

El Gobierno gallego "cumplió con este compromiso", añade, al indicar que dio "el primer paso" al eximir la modificación del sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

"Esta decisión de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental se basa en que la modificación abarca una zona de reducido ámbito territorial en la que ya existe una industria actualmente en funcionamiento que no presenta efectos ambientales significativos de conformidad con la Ley 9/2006, del 28 de abril", justifica la consellería, que, con todo, añade que "siempre y cuando se someta el proyecto al procedimiento de impacto ambiental o de incidencia ambiental".

La modificación tiene como objetivo reclasificar el suelo del ámbito como urbanizable delimitado al amparo de la Disposición Transitoria 13ª de la LOUGA "para reconocer la existencia de esta conservera y posibilitar la ampliación de sus inmediaciones", indica.

A mayores, el departamento de Hernández destaca que el Ejecutivo autonómico es "consciente de la importancia del sector conservero y pesquero en esta zona, ya que alcanza el 30% de su población activa, después del sector servicios y por encima de la construcción".

Esta conservera se localiza en el fondo de la ría de Vigo, en el margen oeste de la Ensenada de San Simón, y próximo al núcleo de Acuña, en la parroquia de San Martiño de Vilaboa. La ampliación de las instalaciones se realizará hacia el suroeste, al pie del Monte Croa y siguiendo el trazado del camino existente paralelo a la costa, según explica Medio Ambiente.

Consultas ambientales

Durante el periodo de consultas se recibió respuesta del organismo Augas de Galicia, en cuyo informe especifica "que en la zona de actuación no se encuentra ningún río codificado por el Plan Hidrolóxico Galicia-Costa". También indica que "en el caso de ser necesaria la utilización de los recursos hídricos, se deberán justificar datos de caudal, volumen de incremento de consumo previsto o sistema de captación".

En lo que se refiere a la atmósfera, las emisiones producidas en la industria conservera "no se consideran importantes porque la cantidad emitida es pequeña", según la Xunta. "El carácter aislado del ámbito en el entorno, tanto por la distancia a los núcleos habitados más próximos como por la orografía del terreno, hace que los efectos ambientales previsibles en relación a esta variable no se consideren significativos", argumenta.

Asimismo, continúa, "ni la reclasificación del suelo ni la futura ampliación de la conservera van a tener efectos ambientales relevantes sobre la vegetación y la fauna existentes en el ámbito". En cuanto al patrimonio, los elementos "de especial interés" quedarán "respetados" por las actuaciones, asegura.

Próximos pasos

Una vez que el ayuntamiento remita a la secretaría xeral la modificación puntual, esta tendrá dos meses para emitir el informe previo a la aprobación inicial y simultáneamente el municipio deberá solicitar informe de Costas, apunta la consellería.

A continuación, deberá ser aprobada inicialmente por el pleno y expuesta al público. Se solicitarán los informes sectoriales correspondientes y será sometida a informe de la comisión superior de urbanismo. Su aprobación definitiva corresponde al Consello de la Xunta.

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