El Pleno del Parlamento acogerá este miércoles el debate de convalidación o derogación del Decreto-Ley del Gobierno andaluz sobre medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral.

La sesión plenaria comenzará este miércoles con el citado debate y, a continuación, se sustanciarán una comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre los compromisos de pago con empresas concesionarias, proveedores y empresas que prestan servicios públicos. Acto seguido, la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, dará cuenta del informe sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las consejerías implicadas en materia de violencia de género durante el año 2011.

Por su parte, la consejera de Educación, Mar Moreno, informará sobre los resultados de la Conferencia Sectorial de Educación, con la que se cerrará la primera jornada del pleno.

El jueves se reanudará el Pleno con el debate de una moción relativa a política general en materia de política social, que será defendida por el Grupo parlamentario Popular, y, a continuación, comenzarán las preguntas orales.

Entre ellas destacan las que se dirigen al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El portavoz del grupo parlamentario IULV-CA, José Antonio Castro, le preguntará sobre el debate territorial y financiación de las comunidades autónomas; el portavoz del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, lo hará sobre autonomía financiera y tributaria de las comunidades, y el presidente del grupo popular, Juan Ignacio Zoido, preguntará a Griñán acerca del balance del periodo de sesiones.

La sesión plenaria finalizará con el debate y votación de cuatro proposiciones no de Ley: una de IULV-CA sobre la demolición del Hotel Algarrobico; dos del PP-A, relativas a la auditoría de las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al cumplimiento de los compromisos financieros con las entidades locales de Andalucía, y una última del PSOE-A acerca del rechazo a Ley de Tasas Judiciales y a la supresión del impuesto autonómico sobre depósitos en entidades de crédito.

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