La Comisión especial no permanente de investigación del Caso Marea, la presunta trama de corrupción en la contratación pública en el Principado, ha recibido un escrito anónimo en el que se denuncian una serie de irregularidades en empresas del entorno de Igrafo, a titulares ya implicados en otras áreas del caso y que afectan a la Consejería de Salud, al Servicio de Consumo, y por consiguiente a antiguos altos cargos del último gobierno socialista presidido por Vicente Álvarez Areces.

Según han informado desde la comisión de investigación, el escrito se refiere a hechos constitutivos de delito, por lo que la Mesa ha acordado este martes, tras mantener una reunión extraordinaria en la Junta General del Principado, trasladar "de inmediato" dicho documento a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

De esta forma, pretenden cumplir con la obligación prevista en el artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que "los que por razón de sus cargos, profesiones y oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción, y en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".

El presidente de la Comisión, y diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha asegurado que la documentación recibida queda en poder de los miembros que componen la comisión y que ahora corresponderá evaluarla en ese marco. "Pero el primer paso era dar cumplimiento con la obligación de trasladarlo a la Fiscalía", ha indicado.

En el escrito se adjuntan actuaciones que nunca se llevaron a efecto y se aportan datos contable precisos, han señalado desde la comisión.

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